El Consistorio madrileño ha decidido dejar en un segundo plano el precio de los servicios contratados en favor de los “valores añadidos” de las empresas, tales como la accesibilidad, la igualdad o las condiciones laborales. El Ayuntamiento de Madrid ha dado un giro a las contrataciones públicas: a partir de este miércoles el coste de los servicios contratados pasará a un segundo plano en favor de las cláusulas sociales. Es decir, los “valores añadidos” de las empresas, tales como la igualdad, la accesibilidad o las condiciones laborales, serán determinantes a la hora de cerrar un contrato con el Consistorio de Manuela Carmena.
El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha aprobado un decreto que obliga a las compañías que trabajen con el Ayuntamiento de Madrid a cumplir al menos uno de los siguientes criterios: igualdad, accesibilidad, seguridad y salud laboral, empleo, estabilidad del mismo y formación en el lugar de trabajo.
Además, han explicado que cada uno de estos “valores añadidos” sumarán puntos a la hora de adjudicar un contrato, del mismo modo que hasta ahora lo hacía el precio de los servicios ofertados por la empresa. En el caso de las compañías con “perspectivas sociales” -relativas a la educación o a la asistencia a mayores, entre otras- el Consistorio tendrá especialmente en cuenta el cumplimiento de estos criterios.
Sin embargo, en el caso de aquellas empresas cuyo componente fundamental sea la mano de obra, el equipo de Carmena pondrá el foco en la estabilidad del empleo para cerrar un contrato. En concreto, para las contrataciones superiores a 300.000 euros, será obligatoria la subrogación contractual de trabajadores –es decir, que en caso de que el Ayuntamiento quite la concesión a una compañía para dárselo a otra, los empleados mantendrán su puesto de trabajo- y se pondrá especial atención a la estabilidad del empleo de la compañía.
El objetivo de este decreto es, por un lado, garantizar los derechos laborales de los trabajadores, y por otro, asegurar un servicio de calidad, que se podría ver dañado con las reducciones de plantilla.
Para asegurar el cumplimiento de la nueva normativa municipal, el Ayuntamiento ha creado una comisión de seguimiento, que garantice que las empresas contratadas cumplen con estos compromisos sociales.
La concejalía que dirige Sánchez Mato considera que las administraciones públicas no son un “elemento neutro” en la sociedad, sino que sus actuaciones –y en este caso la gestión de 1.500 millones de euros- influyen directamente en la vida de la gente.
Por ello, a partir de este miércoles el Consistorio madrileño tendrá en cuenta las condiciones de la empresa antes del contrato, las cesiones que hacen durante el proceso de negociación y, por último, el gobierno municipal intentará influir en las decisiones que se tomen en las compañías a partir del inicio de su contrato.
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