Un informe de Transparencia Internacional sitúa a España como un país con riesgo «moderado» de sufrir casos de corrupción en relación con las instituciones de defensa y el sector de la seguridad. Transparencia Internacional encuentra riesgos de corrupción en el sector y las instituciones de defensa y seguridad españoles. El índice elaborado por la plataforma califica de “moderado” ese riesgo, en un ránking que evalúa el fenómeno entre los miembros de la OTAN y en el que España se sitúa junto a Lituania o Georgia, pero también junto a Francia e Italia, las únicas potencias europeas que no mejoran la nota española.
Sin embargo, España se queda con la calificación más baja en el área de “operaciones”: recibe un cero en la regulación de la competencia en el sector, en el control de los contratos sobre el terreno o en la vigilancia de las subcontratas, entre otros flancos. Puntuada del 0 al 4 conforme a una lista de 77 criterios sobre los posibles focos de corrupción en los ámbitos políticos, financieros, de personal, de operaciones y de adquisiciones en las administraciones militares, España solo alcanza la nota más alta en ocho epígrafes.
Entre los principales problemas, el país adolece de un buen control legislativo sobre el sector defensa y presenta una gran desviación entre los presupuestos y el gasto público real en seguridad. “Existe una diferencia de un 14% de media entre la proyección de los presupuestos y su ejecución, llegando a un 30% en ciertos años”, critica Transparencia Internacional. El informe reprocha que España haga tanto uso de los fondos reservados, que pide usar solo “en casos impredecibles y de emergencia”.
También señala que el desglose de los presupuestos es insuficiente: las cuentas son confusas porque, además, se incluyen partidas del defensa en los presupuestos de otros ministerios como Industria, Economía, Educación o Relaciones Exteriores. Por ello reclama publicar los presupuestos “de una manera más comprensible”.
Sobre el control legislativo, Transparencia Internacional señala que el Parlamento no tiene ningún papel en la elaboración o ejecución de la «Directiva Nacional de Defensa», que “es presentada por el Gobierno al inicio del ejercicio”. Critica que aunque las Cortes debatan esa estrategia general, no tienen influencia real en los planes nacionales de defensa, que además no pueden consultarse públicamente.
El informe hace mención expresa del caso del Teniente Luis Gonzalo Segura, cuya denuncia le supuso un arresto de dos meses. Según la ONG, España no ha realizado ninguna evaluación exhaustiva de los riesgos de corrupción en el ejército “ni proporciona ningún tipo de formación anticorrupción” a los altos mandos. Pide a las instituciones españolas que se reconozcan específicamente los casos de corrupción como elemento estratégico: que se forme y oriente al personal militar sobre los riesgos a los que se enfrentan, también en el ámbito de las contrataciones.
Como puntos positivos, el informe señala que el Congreso debata los planes generales de defensa y autorice los acuerdos militares internacionales y el despliegue de las misiones fuera de las fronteras, así como que la Comisión de Defensa se reúna regularmente y discuta multitud de asuntos que luego son de acceso público en internet.
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