Carmena garantiza que en Ofelia Nieto 29 sólo se harán viviendas sociales

La alcaldesa ofrece tres pisos en propiedad a la familia cuyo edificio fue derribado en febrero tras diez años de litigio con el Ayuntamiento. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se ha reunido hoy con diversos miembros de la familia Gracia-González, cuyo edificio en Ofelia Nieto, 29 fue derruido en 2015 tras 10 años de litigio con el Ayuntamiento. El objetivo del encuentro ha sido comunicarles cuál es la solución que puede ofrecerles el actual equipo de Gobierno en estos momentos. A la reunión han asistido también el delegado del Área de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo; la delegada del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras; y la presidenta del distrito de Tetuán, Montserrat Galcerán.

El edificio propiedad de esta familia, situado en la calle Ofelia Nieto número 29 de Tetuán, fue derribado en febrero de este mismo año por el Ayuntamiento para ejecutar el plan urbanístico.

En la reunión de hoy Carmena ha reconocido “el daño y la injusticia sufrida por esta familia» y también «el valor de la lucha que han llevado a cabo, y la dignidad con la que han ejercido su derecho a una vivienda”.

Carmena se ha comprometido a que en este solar ninguna promotora construya viviendas libres sino que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) será la encargada de construir allí viviendas sociales en un plazo aproximado de dos años y medio. Tres de esos pisos serán en propiedad para la familia Gracia González. El Ayuntamiento firmará con ellos un convenio de realojamiento que garantice unas viviendas de características similares a las que tenían ya que “aunque el daño es irreparable, al menos que estas familias no sufran un empeoramiento en sus condiciones de vida anteriores”.

Asimismo el Ayuntamiento se ha comprometido a estudiar soluciones y ayudas durante el tiempo que se tarde en construir las viviendas. Los responsables municipales han transmitido a la familia que el nuevo equipo de Gobierno “en ningún caso especulará con terrenos públicos, como ha ocurrido en algunas ocasiones pasadas”, y ha reconocido que el procedimiento que se utilizó, aunque esté acogido a la legalidad, no es -a su juicio- moralmente aceptable.

Respecto a la posibilidad de revertir esta situación, los responsables municipales han explicado que el marco legal actual no permite devolver la titularidad de un terreno una vez que éste es público, como es este caso, y que no hay forma de anular este proceso de expropiación, que además no se refiere a una actuación aislada en suelo urbano, sino a una actuación integrada en la que se han afectado 19 fincas y 30 titulares de bienes y derechos, y realojado a 15 familias. En esta operación urbana se han obtenido mediante expropiación 2.200 m2 de suelo destinado a equipamiento, 2.565 destinado a zonas verdes y 3.575 destinado a nuevo viario, además de 10.375 m2 en parcelas de uso residencial. Además esta situación quedó consolidada al no haber recurrido los afectados en su día la modificación puntual del Plan General y sí únicamente actos posteriores.

Finalmente, Carmena ha señalado que se reunirá tantas veces como sea necesario con estas familias y les ha garantizado que el Ayuntamiento hará todo lo que procesalmente resulte posible en las diligencias penales que se siguen contra quienes fueron detenidos el día del derribo y contra los que pesan diversas denuncias por parte de las fuerzas de seguridad.

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