La juez del caso, María Núñez Bolaños, cree que “la única posibilidad real y efectiva de ir concluyendo la instrucción es mediante la división de la misma”. La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el auto del pasado 9 de noviembre en el que la juez María Núñez Bolaños diseñó la división en piezas del ‘caso de los ERE’. El motivo viene porque se considera que hay aspectos técnicos de la resolución por corregir, no por la división en seis primeras piezas que planificó la juez.
El pasado 30 de julio Núñez Bolaños desgajó el caso que salpica a Andalucía en seis piezas con las que comenzar a trabajar, dándoles una tramitación preferente con el fin de que puedan ser enjuiciadas en el menor tiempo posible. La propia magistrada ha admitido que resulta “evidente” que el auto donde acordó dividir los ERE en piezas “adolece del defecto señalado por las partes al faltar ese diseño de hechos a investigar y enjuiciar en cada pieza”, pero ha defendido que “la envergadura y complejidad de la causa que se pretende dividir hace imposible un diseño apriorístico de todas y cada una de las piezas”, según ha publicado Europa Press.
La amplitud del caso ha provocado que, como ha comentado Núñez Bolaños, algunas de las ayudas directas a empresas o ayudas sociolaborales estén “aún en fase de investigación policial” donde “ni tan siquiera se hallan en fase judicial más de 150 ayudas”. A pesar de esas dificultades que ha explicado la instructora, no cabe recurso alguno tras la decisión de recurrir de la Fiscalía Anticorrupción.
La juez Núñez Bolaños defiende su división
La magistrada ha defendido que la división de la causa “tiene como único objetivo la posibilidad de enjuiciamiento de los hechos que se han venido investigando durante cinco años en una instrucción que por su volumen y complejidad resulta imposible de enjuiciar en un solo acto”, de manera que “la única posibilidad real y efectiva de ir concluyendo la instrucción es mediante la división de la misma”.
Las piezas divididas por la instructora
Las seis piezas que diseñó Núñez Bolaños consistían en primera estancia a los hechos relativos “a la participación activa y consciente en el diseño y puesta en marcha del denominado procedimiento específico en todas sus variantes, con las importantes consecuencias que se deriven de los informes elaborados por la Intervención General de la Junta de Andalucía”.
En su segunda fase se tratarían las sobrecomisiones donde se centraría en los hechos relativos “a la determinación o fijación de la prima de la póliza” pagada por la Junta “y porcentaje de comisión ilícita, bien de forma directa o bien indirecta, y luego a su reparto presuntamente ilícito”.
La tercera pieza versarían sobre “las ayudas concedidas al entramado empresarial vinculado a José Enrique Rosendo y José María Sayago”, dos de los protagonistas de la trama andaluza.
La cuarta pieza, dedicada a Ceprorfe, se centraría en los hechos relativos a la suscripción de pólizas de un trabajador -concretamente el exfutbolista del Osasuna y del Atlético de Madrid José Antonio Gómez Romón, más conocido como ‘Pizo’ Gómez- por mediación del que fuera su jefe en la empresa por el que percibió casi medio millón de euros.
La quinta pieza se referiría a las ayudas sociolaborales concedidas a Surcolor y Surcolor Óptica, mientras que la sexta y última pieza sería la referente a la ayuda sociolaboral a la empresa Acyco Sal por el ERE de 2003.
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