Afectados por la venta de viviendas a ‘fondos buitre’ hablan por fin en la Asamblea

La presidenta de la asociación de inquilinos perjudicados por la polémica operación de Ignacio González desgrana las «ilegalidades» en la Cámara madrileña. La comisión de investigación sobre la corrupción de la Asamblea de Madrid ha arrancado hoy analizando la venta de las cerca de 3.000 viviendas del Ivima a Azora-Goldman Sachs que realizó el Gobierno de Ignacio González, una operación que está en los tribunales y por la que hoy ha comparecido la representante de los inquilinos afectados.

Durante su comparecencia, la presidenta de Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima, Sonia Martínez Aguilar, ha denunciado que en su momento la entidad les negó el derecho de tanteo cuando realizaron la enajenación de los pisos sociales y ahora el fondo de inversión que las compró quiere vendérselas al doble de lo que les costaron.

Y esto sucedió, a pesar de que el 70% de los contratos tenían derecho de compra preferente porque así figuraba y por ello pagaban una cantidad todos los meses. Con ese dinero aportado y no devuelto con la enajenación podrían descontarse un 20% del precio del piso en caso de futura compra, según ha apuntado la representante de los afectados, declaraciones que recoge Europa Press.

Preguntada por los portavoces de la oposición en la comisión, la presidenta de la asociación ha criticado que la Comunidad vendiera casi 3.000 pisos sociales por 68.000 euros de media cuando están valorados por 140.000 euros, que es el precio al que asegura que les quiere vender ahora el ‘fondo buitre’ una vez se terminen los contratos de alquiler. «Con esta operación se perdido para la Comunidad unos 98 millones de euros, según la Cámara de Cuentas», ha añadido.

Otra de las cuestiones que ha criticado Sonia Martínez es el asunto de las ayudas. Según ha detallado, un 30% de los inquilinos de los inmuebles enajenados percibían una ayuda por su precaria situación socioeconómica y muchos cobran la Renta Mínima de Inserción (RMI), pero aclara que “ahora, con el cambio de la propiedad, el Ivima ya no les ha renovado esas ayudas porque dicen que las viviendas no son públicas, sino privadas”, ha destacado.

La representante de los afectados ha reconocido que aunque el precio del alquiler que les cobra ahora Encasa Cibeles -la adjudicataria- es el mismo que les cobraba antes el Ivima «porque según las cláusulas no pueden subirlo». Pero, según ha precisado, sus nuevos arrendadores pretenden subirles las cuotas de comunidad «queriendo constituir las juntas administradoras».

“Cuando el fondo Encasa Cibeles compra los pisos se constituyen como comunidad de propietarios para que no tengamos decisión sobre los suministros y así puedan subirte las cuotas de comunidad. Nosotros estamos batallando para que no lo consigan”, ha concretado.

Además, la presidenta de la asociación ha indicado que a los administradores de fincas les comunicaron un mes antes que a afectados de la venta y que algunos de ellos, “ofreciéndoles más trabajo”, pasaron los datos de los inquilinos a los nuevos arrendadores. “Nosotros hemos denunciado a nuestro administrador por ceder todos los datos y hemos presentado una denuncia a la Agencia de Protección de Datos», ha declarado.

Martínez Aguilar también ha hablado de otras medidas que no le gustan. Así, ha señalado que este verano el fondo ha ofrecido una rebaja del precio del alquiler durante tres meses “pero con la letra pequeña de que luego tienen que pagar el alquiler completo, unos 500 ó 600 euros, que muchos es lo que cobran al mes”. “Y con tres meses que no pagues el alquiler te desahucian”, ha añadido.

Desahucios

En este sentido, ha indicado que se ha producido muchos desahucios, “lo que pasan es que no salen en los medios”. “A una vecina le diagnostican un tumor en el pecho. Se dio de baja en la empresa y le redujeron el sueldo, por lo que no puede pagar el alquiler. Le dije que fuera a la televisión pero no quiso acudir porque le daba vergüenza. La desahuciaron el año pasado», ha dicho.

No obstante, ha señalado que últimamente se han reunido con representantes de la Administración para evitar desahucios con éxito. “Pero hay gente que vive en estos pisos y no puede pagar la calefacción y envuelven a sus hijos en tres mantas para dormir. Hay gente en riesgo en exclusión social porque estos pisos son sociales”, ha recordado.

Sonia Martínez también ha aludido a las «mafias» de okupas que se han instalado en algunos de los edificios del Ivima “y que hacen imposible la convivencia”. Y cree que podría tratarse de un caso de ‘mobbing inmobiliario’. “No lo podemos asegurar, pero eso es lo que parece!”, ha dicho.

También ha apuntado que algunos inquilinos que tienen ya contrato directamente con el Encasa Cibeles, sin la subrogación del Ivima, tienen ventajas y les sale más barato el alquiler que a ellos porque «en el recibo les incluye todo”. “Nosotros tenemos un contrato con IVIMA y Encasa Cibeles quiere desaparecer ese contrato e insiste en que firmemos con ellos, pero perdemos todos los derechos», ha apostillado.

Ahora, la asociación sigue en los juzgados contra el procedimiento de venta. “Las viviendas del Ivima se construyeron con fin social para el que fueron vendidas y no fue así, porque ofrecieron de la especulación a través de un fondo buitre. Ellos en su primera reunión del fondo con los vecinos de Vallecas que ellos no eran una ONG y que venían a hacer negocio”, ha indicado.

«Se ha cometido una ilegalidad y vamos a seguir con ese contencioso y querella penal” señaló la representante de los inquilinos, quien recordó que “hace un par de semanas se volvió a activar la querella porque ha pedido el fiscal sobre relaciones entre Pablo Cavero (exconsejero de Vivienda) y una Sicav de Goldman Sachs (propietaria de Encasa Cibeles)”.

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