Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provinicias y alcalde de Vigo, considera que las localidades es el primer ámbito en el que se manifiestan las demandas ciudadanas Los municipios piden más peso político. Así lo ha reivindicado el presidente de la Federación Española de Municipios y Provinicias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha advertido de la importancia de la política local dando un paso al frente. El socialista y presidente de los alcaldes englobados en la federación ha anunciado que “no vamos a cumplir la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local porque va contra nuestra esencia”.
El “alcalde de los alcaldes”, según le ha definido César Luena, secretario general de Organización del PSOE, en un desayuno informativo en Madrid, considera que desde las localidades todo evoluciona en tiempo real y es el primer ámbito en el que se manifiestan las demandas ciudadanas y por eso considera que “hay que remunicipalizar la política de este país para que sectores importantísimos pasen también por la política local”.
Para ello, entre otras medidas, ha propuesto una reforma constitucional que conceda una mayor autonomía a los municipios y provincias “con una lealtad completa al conjunto de España”, así como un nuevo modelo de financiación en cuyo debate estén presente estos gobiernos locales también.
Caballero ha expresado que los gobiernos locales “necesitamos y queremos una capacidad real para actuar” e intervenir en la resolución de problemáticas que terminan siendo globales, ya que “la nueva política demanda nuevos escenarios desde la transversabilidad del ámbito local”. Una crítica a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
aprobada por el PP en esta legislatura que busca reordenar competencias para evitar duplicidades entre las administraciones autonómicas y las locales. Con su implantación, las comunidades autónomas deberán asumir en un plazo de cinco años los servicios en materia de salud que ahora prestan los ayuntamientos y, en un máximo de dos, los servicios sociales.
Si no quieren asumirlos, pueden dejar que sigan prestándolos los ayuntamientos, pero entonces tienen que firmar un convenio con ellos y pagarles el coste de ese servicio. Aunque la norma entró en vigor a finales de 2013, parte de estas modificaciones en materia de financiación entra en vigor el próximo 1 de enero de 2016. Y ahí es cuando el presidente de los alcaldes ha dicho basta: “La reforma está destinada a podar las competencias municipales. Adelanto que no voy a cumplir la ley”. Una moratoria es otra vía de salida que ha dado Caballero, que ha explicado que en ciertas regiones, los gobiernos rehuyen de las competencias –como sucede en la Comunidad de Madrid- lo que para él es sinónimo de “una ley que nace muerta».
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