Los abogados exigen al ministro que negocie con todos los profesionales jurídicos y advierten también que la norma es de “imposible cumplimiento”. El Consejo General de la Abogacía Española se une a jueces a fiscales en las críticas a la nueva Ley de Enjuiciamiento criminal, aprobada por el Gobierno, y que entra en vigor el 5 de diciembre- por considerar que puede ser de “imposible cumplimiento”.
La Abogacía hace esta advertencia dos días después de que seis asociaciones de jueces y fiscales (Jueces para la Democracia, Asociación de Fiscales, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales) emitieran un comunicado conjunto en el que piden la suspensión de la entrada en vigor de dicha norma –que limitará la instrucción de las causas penales ordinarias a 6 meses y las complejas a 18 meses- por considerarla una “ley de punto final” ya que consideran que faltan medios para aplicarla y que ofrecerá impunidad a los corruptos.
Los abogados –tras la petición de jueces y fiscales de que se suspenda la aplicación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y ante la reunión mañana del ministro de Justicia con el Consejo Fiscal- reclaman participación y diálogo para lograr una solución consensuada entre el Ministerio de Justicia y todos los profesionales jurídicos, incluidos los abogados, y dar respuesta a las demandas de los ciudadanos que reclaman una mayor agilidad en los procedimientos judiciales.
Alertan que “la entrada en vigor el 5 de diciembre –dos meses después de la publicación en el BOE de la reforma de la LECrim- puede resultar de imposible cumplimiento en lo relativo a la solicitud de prórroga de 6 y 18 meses cuando en estos plazos no pueda completarse la instrucción y porque habrá de aplicarse a todas las causas penales que se encuentren en fase de investigación en todos los juzgados de España”.
Advirtiendo que “en todo caso, es poco eficaz la novedosa regulación si la prórroga tiene que resolverla el juez de instrucción, a petición del fiscal o de las partes, continuando con el deficiente marco procesal penal que ignora las peticiones de la mayor parte de los intervinientes en el proceso”.
Que no haya impunidad
La Abogacía exige el diálogo entre todas las partes que participan en la Administración de Justicia para encontrar una solución consensuada que “garantice a los ciudadanos que no habrá impunidad -en ningún caso- cuando finalice el plazo de la instrucción judicial o mientras se tramita la prórroga”. Y explican que “de acuerdo con la Ley, los abogados, en defensa de los intereses de las partes procesales, junto con los fiscales también pueden solicitar al juez de instrucción la ampliación de los plazos para la finalización de la instrucción”.
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