El Europarlamento recuerda que 700.000 españoles han sido víctimas de fraude financiero y que los bancos han desoído las buenas prácticas para la reestructuración de deuda hipotecaria, La eurocámara se pone firme con un problema que ha dejado de ocupar portadas, pero que no persiste: el número de desahucios en España sigue siendo “intolerable” para el legislativo europeo, que reclama al Gobierno español la activación de todas las herramientas a su alcance para reducir el problema “de forma drástica”. Además, da un tirón de orejas por los abusos de la banca en el país, y pide a la Comisión Europea que vigile “atentamente” la aplicación de las medidas adoptadas para evitar cláusulas injustas. Sin embargo, la resolución no es vinculante.
El Parlamento se basa en datos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para sostener que desde 2008 ha habido en España casi 400.000 desahucios (19.261 de ellos en el primer trimestre de 2015) y más de 100.000 familias han perdido sus hogares. Incide en que el Código de Buenas Prácticas para la reestructuración de deudas hipotecarias ha sido “mayoritariamente ignorado” por las entidades, dado su estatus voluntario, y ha tenido resultados “muy limitados” a la hora de impedir desahucios o hacer efectiva la dación en pago, debido a que los requisitos de admisibilidad descalifican a más del 80% de los afectados.
La comisaria responsable de Consumo, Vera Jourova, reconoció la “difícil situación” de muchos hipotecados españoles y recordó que los propios tribunales han confirmado la existencia de cláusulas bancarias abusivas. Según la eurocámara, 700.000 españoles han sido víctimas de fraude financiero, muchos de ellos personas de avanzada edad, después de que sus bancos les vendieran “de forma desleal” productos financieros de riesgo sin informarles adecuadamente, y hace hincapié en que muchos de ellos han rechazado el sistema de arbitraje habilitado por el Gobierno.
En este sentido, la comisaria afirmó que los cambios legislativos introducidos por el ejecutivo español para mejorar la protección del consumidor le parecen “bien”, pero agregó que Bruselas debe todavía verificar si se respeta plenamente la directiva sobre condiciones contractuales.
También recordó que Madrid ha aprobado modificaciones legislativas para evitar que los inversores no profesionales adquieran productos financieros complejos. Aludió al mecanismo de arbitraje puesto en marcha para las víctimas de fraude financiero y consideró que en este ámbito “gran parte de los errores se han corregido”.
En relación a lo sucedido con la venta de acciones preferentes, la resolución apela a la Comisión Europea para que supervise la correcta aplicación en España de las normas comunitarias sobre instrumentos financieros y le insiste en que verifique las quejas recibidas y evalúe los resultados del sistema de arbitraje.
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