La devolución de la sanidad universal en la Comunidad Valenciana podría “incurrir en extralimitación competencial”. El Ejecutivo ha señalado que la atención sanitaria que se está dando a los inmigrantes irregulares en la Comunidad Valenciana podría ser inconstitucional, y amenazan con recurrir a los tribunales si no se corrige la norma.
Así lo han manifestado los Ministerios de Empleo y Seguridad Social y de Sanidad y Servicios Sociales a través de un escrito, en el que explican que el decreto ley del ejecutivo valenciano aprobado el 24 de julio que devuelve la sanidad universal a la autonomía podría “incurrir en extralimitación competencial”.
Por ello, desde el Ejecutivo han propuesto que se cree una comisión bilateral de cooperación entre la Administración central y la Generalitat para encontrar una solución al problema y evitar así la presentación del recursos de inconstitucionalidad, según ha señalado Efe.
Incompatibilidades
En concreto, el Gobierno considera que es competencia estatal el determinar quién puede beneficiarse de las prestaciones en materia de Sanidad, y cómo se financia este sistema.
Además, respecto de los artículos del decreto que regulan las prestaciones asistenciales, farmacéuticas, ortoprotésicas y de salud pública, el Gobierno ha asegurado que «incurren en inconstitucionalidad», alegando que la definición del ámbito objetivo de la materia «Sanidad» corresponde al Estado, y las prestaciones a que tienen derecho los asegurados las ha establecido el Estado.
Por otro lado, desde los Ministerios de Sanidad y Seguridad Social han señalado posibles incompatibilidades en lo relativo a la solicitud, el documento de identificación, la asignación de médico y los supuestos de exclusión y fin de la validez de la acreditación, indicando que esto es competencia de la Administración Central.
Asimismo, la disposición que faculta al ejecutivo valenciano a regular todos estos asuntos podría incurrir en incompatibilidad, según el Ejecutivo, que también se podría estar incumpliendo un artículo del Reglamento de la Comisión Europea sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social.
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