El Gobierno sale en defensa de la detención de Cañamero

El II Congreso del Sindicato Andaluz de los Trabajadores (SAT) se celebrará el 4 y 5 de octubre. El delegado de Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha manifestado este viernes que la detención del portavoz nacional del SAT, Diego Cañamero, obedece a una “resolución judicial” emitida por Juzgado de Instrucción número 1 de Osuna (Sevilla) ante las “incomparecencias” a las que había sido citado. Además, ha recalcado que es la Policía la que “decide el momento oportuno” para practicar el arresto.

Así se ha pronunciado Sanz ante los medios en Almería tras participar en uno de los actos de la feria horas después de que Cañamero fuera detenido por la Policía Nacional minutos antes de comenzar una reunión para organizar las tareas previas del II Congreso del SAT, que se celebrará el 4 y 5 de octubre, según ha explicado la organización.

Asimismo, Sanz ha apuntado que es la Policía la encargada de “decidir el momento oportuno” para practicar la detención y, al mismo tiempo, cumplir con la decisión judicial.

El delegado ha declarado además que sobre el dirigente sindical pesaba una orden de “búsqueda y captura” como consecuencia de las “incomparecencias de todas las citaciones judiciales que se le había hecho” por parte del Juzgado, al que ha sido trasladado a lo largo de la mañana, según ha precisado el representante del Ejecutivo.

Sanz ha agregado que la detención de Cañamero está vinculada a la ocupación de la finca de Turquillas, que se ha venido produciendo entre 2012 y 2014.
Cañamero ya había declarado que seguiría realizando su trabajo sindical y que no se iba a ocultar, ante la orden que pesaba sobre él. Según las mismas fuentes, será trasladado a la localidad de Osuna, la localidad en la que se encuentra la finca, y donde será puesto a disposición del juez.

Según recoge Europa Press, la finca Las Turquillas ha sido ocupada en varias ocasiones por miembros del SAT entre 2012 y 2014, y hasta 53 militantes de la agrupación sindical han sido denunciados por ello. También el alcalde de Marinaleda y exparlamentario andaluz por IULV-CA, Juan Manuel Sánchez Gordillo. En el caso de ambos dirigentes, se les acusa de una ocupación de 18 días, hasta que fueron desalojados. El objetivo de la ocupación era ocupar estas tierras de forma permanente para reivindicar que pasen a manos de trabajadores, siguiendo el ejemplo de Somonte, finca perteneciente a la Junta de Andalucía en Palma del Río, en Córdoba, y que lleva ocupada por jornaleros liderados por el SAT desde hace más de un año.

Por aquella acción, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenó a siete meses de prisión a Gordillo, a Cañamero y a otras dos personas más.

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