La Comunidad de Madrid pagó al arquitecto 10,6 millones de euros por el diseño de dos edificios no construidos a pesar de que el contrato no aparece. El malogrado Campus de la Justicia, que preveía aglutinar todos los edificios judiciales de Madrid, ha despilfarrado 105 millones de euros. Pero además presenta graves fallos documentales: según informa El País, la sociedad pública no encuentra el contrato por el que el gobierno autonómico de Esperanza Aguirre contató al afamado arquitecto Norman Foster, al que después pagó 10,6 millones de euros.
Porque al no consumarse buena parte de los proyectos arquitectónicos encargados, hubo que resarcir a sus autores por el trabajo realizado ‘en vano’. Foster reclamó 13 millones por proyectar dos edificios de los 12 ideados en el en Valdebebas. Finalmente la Comunidad le abonó esos 10,6 millones, a pesar de que el Campus no encuentra el contrato que en su día Esperanza Aguirre firmó para formalizar el encargo.
El macroproyecto fue puesto en marcha con la inyección de 130 millones de euros. El argumento era que la Comunidad de Madrid gasta al año casi 40 millones de euros en alquileres de sedes judiciales, según el mismo medio. El Gobierno central, dueño de la Audiencia Nacional, también incluida en el Campus, aportó 10 millones; se obtuvieron otros 76 de la venta de dos edificios judiciales públicos; la Comunidad de Madrid aportó tres inyecciones de 8 millones cada una y se pidieron otros 20 millones más al Ejecutivo central.
De esos 130 millones, el Campus solo cuenta ahora con un positivo de 25 millones de euros. Solo hay un edificio en pie, el que iba a ser el nuevo Instituto Anatómico Forense de Madrid, que se encuentra aislado en un secarral entre IFEMA y el Aeropuerto de Madrid. El resto del dinero, 105 millones de euros, se ha gastado en auditorías, en abogados, en los pagos por diseños como los de Foster y en nóminas.
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