El PSOE cree que la nueva ley tributaria se basa en una «concepción elitista» que es «incompatible con los principios de justicia y equidad». El Gobierno apuntala hoy la nueva Ley General Tributaria que, entre otras cosas, hace pública una lista de defraudadores fiscales en la que no figurarán aquellos que devuelvan el dinero antes de que la sentencia condenatoria sea firme. En España, pasan una media de seis años desde que la Agencia Tributaria tramita una denuncia hasta que deviene en sentencia firme.
El Partido Socialista considera, en declaraciones a El Boletín, que la ley permite “comprar el indulto”, puesto que los defraudadores condenados por estafar a Hacienda que puedan pagar lo que deben, no aparecerán en la lista, en la que solo quedarán los morosos con Hacienda.
Para Pedro Saura, portavoz del grupo socialista en el Congreso, el Gobierno debería hacer públicos los nombres de “todos los condenados por fraude fiscal” y de “los que tengan una infracción administrativa con Hacienda por encima de 30.000 euros”. Hasta el momento, la ley puede considerar falta administrativa desavenencias con Hacienda de hasta un millón de euros.
Confidencialidad para los que puedan pagar
Mediante Ley Orgánica, que se vota hoy en el Congreso, el Gobierno regulará “el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal”. Hasta ahora, todas las sentencias eran públicas, pero en adelante, todos los condenados por delito fiscal (más de 120.000 euros defraudados), verán sus datos en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta especie de escarnio público podrá evitarse devolviendo el dinero a Hacienda antes de que la sentencia sea firme. Teniendo en cuenta que ese lapso puede alcanzar los seis años, el defraudador cuenta con un plazo considerable para ponerse al día con la Agencia Tributaria.
Para el partido de la oposición, es necesaria una nueva ley tributaria, pero la propuesta del PP «desnaturaliza este instrumento» y se basa en una «concepción elitista» del sistema tributario, que califican de «incompatible con los principios de justicia y equidad».
El Consejo General del Poder Judicial ha sido el que más ha presionado para que se protegiera el nombre de aquellos que reparan el daño. La enmienda del órgano de los jueces al anteproyecto de ley también pidió que la ley no tuviera retroactividad, y que por tanto solo se publicaran los datos de los condenados a partir de que la norma entre en vigor. Tras esa petición, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, una retroactividad “media”, para publicar las sentencias que sean firmes una vez entre en vigor la ley, aunque los hechos se hayan cometido antes.
Sin esperanza de conocer los nombres de la amnistía fiscal
Otra de las grandes quejas de los socialistas es que “el Gobierno desaprovecha una oportunidad única” para publicar la lista de los nombres que se acogieron a la amnistía fiscal. “No quieren que sepamos cuántos miembros más del Partido Popular se acogieron a la amnistía”, denuncia Pedro Saura.
El socialista considera que hacer pública esa lista aseguraría que “en el futuro” nadie se acogiera a este tipo de iniciativas de amnistía, porque no querrían ver sus nombres publicados. Saura critica que Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, “renuncie de forma definitiva” a dar a conocer la identidad de los beneficiarios de la amnistía fiscal, una medida «injusta» y «secretista» que causó «rechazo generalizado desde el principio».
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