Los populares aprueban una resolución para que se fiscalice la colecta por Internet que hizo el partido de Pablo Iglesias para financiar su campaña a las europeas. La Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado hoy una resolución promovida por el PP para que la institución fiscalizadora abra una investigación a Podemos por la colecta por internet (‘crowdfunding’) que llevó a cabo en 2014 para poder presentarse a las elecciones europeas. La oposición no ha secundado esa petición, aunque tampoco ha votado en contra, y sus diputados se han limitado a abstenerse.
En su informe de fiscalización de la contabilidad de los partidos para las elecciones europeas de hace un año, el primero en el que se examinaba a Podemos, el Tribunal de Cuentas constató que el grueso de la financiación de su campaña electoral se hizo mediante ‘crowdfunding’, una vía no contemplada en la ley.
Cuando el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, presentó el informe ante la Comisión Mixta, el PP ya reclamó que se investigase a Podemos por utilizar esta vía de financiación, pero el máximo representante de la institución fiscalizadora ya dejó claro que no podía actuar en este sentido puesto que este tipo de colectas no son ilegales, sino alegales. Es decir, que ni está prohibido expresamente por la ley, ni figura entre las fórmulas de financiación, y lo que se necesita es que el legislador lo regule y acabe con este limbo legal.
En cualquier caso, y según informa Europa Press, el PP decidió insistir en este punto y someter a votación una propuesta de resolución en la que, si bien no cita expresamente a Podemos, insta al Tribunal de Cuentas a incoar «los procedimientos oportunos que se deriven de las posibles irregularidades que se hayan producido como consecuencia de la utilización indebida de los sistemas de financiación a través de ‘crowdfunding’ como medio de obtención de recursos de financiación privada por los partidos políticos sin someterse a los requisitos establecidos en la legislación para el caso de que se configuren como donaciones o préstamos.
El PP se queda solo
En la votación, sin debate previo, el PP no ha cosechado apoyo alguno a esta propuesta, pero tampoco ha habido votos en contra pues los partidos de la oposición presentes, el PSOE, Izquierda Plural y los nacionalistas de CiU, han optado por abstenerse.
Lo que sí se ha aprobado por unanimidad son las propuestas de Izquierda Plural y del PSOE instando al Gobierno a que regule el uso en el ámbito electoral de este mecanismo de financiación colectiva a través de plataformas digitales.
También lo pedía UPyD, pero al no estar en la comisión ninguno de sus diputados sus propuestas han decaído y no se han sometido a votación. La formación magenta, que en su momento tuvo que recurrir a una campaña de venta de chapas para poder financiar sus causas judiciales contra la corrupción, reclamaba además que en esa regulación del ‘crowdfunding’ se flexibilice la prohibición de donaciones finalistas para acciones concretas.
Por otro lado, la Comisión también ha aprobado por unanimidad propuestas del PP y del PSOE instando al Gobierno a acometer el desarrollo normativo pertinente para precisar los conceptos, la imputación y la justificación de los gastos electorales en función de lo establecido en el artículo 130 de la LOREG, a efectos de limitar los gastos realizados por las formaciones políticas a los «imprescindibles para acometer la campaña electoral en concordancia con el compromiso de reducción del gasto electoral» previsto legalmente.
Nuevas tecnologías
Además, los dos grupos mayoritarios han sacado adelante una petición al Gobierno para que promueva las medidas oportunas para incluir dentro del límite de gasto en publicidad exterior y del límite de publicidad en la prensa periódica y en las emisoras de radio de titularidad privada, los nuevos soportes de publicidad introducidos como consecuencia de las nuevas tecnologías.
El PP citaba, en concreto, la publicidad en prensa digital y los anuncios de Internet y llama a precisar la naturaleza de los gastos a considerar de forma que se elimine toda incertidumbre a efectos de su consideración para la comprobación de la limitación legal.
Asimismo, y también por unanimidad, se pide que el Gobierno fije legalmente «el destino que debe darse a los recursos procedentes de donaciones privadas que no cumplen los requisitos exigidos en la LOREG», bien porque el donante no esté identificado o porque se superen los límites máximos anuales previstos para una misma persona física o jurídica.
A instancias del PP y con la abstención de los nacionalistas de CiU se ha acordado emplazar los partidos políticos a prever un sistema de control interno que garantice que seleccionarán la oferta económicamente más ventajosa en relación con aquellas operaciones que representen un una importancia relativa sobre el volumen de los gastos electorales declarados
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