Las asociaciones de la Guardia Civil denuncian que son perseguidas por los mandos

Alertan que se aplica una ‘ley mordaza’ al derecho de asociación en el Instituto Armado ante la pasividad del director general. Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil denuncian la “persecución” que sufren sus representantes por parte de los mandos del Instituto Armado ante la pasividad de la Dirección General. Por ello, cinco de las seis asociaciones -AUGC, AEGC, UniónGC, ASESGC y UO- hicieron un plante colectivo y abandonaron la sesión del Pleno del Consejo en protesta porque en pleno siglo XXI, los guardias civiles no tengan garantizada su “libertad laboral y asociativa”.

En un comunicado conjunto estas cinco asociaciones explican que “la gota que ha colmado el vaso ha sido constatar un ataque directo y sin justificación al derecho fundamental de asociación, que suponíamos consolidado para los trabajadores de la Guardia Civil”. “Un ataque que, explican, se ha manifestado a través de la apertura de un expediente a un vocal de una de las asociaciones, al que se pretende sancionar como represaliar por su pertenencia al Consejo y su actividad en una asociación profesional” y hacen notar que quizás esta sea la primera aplicación de la Ley Mordaza dentro del asociacionismo”.

Aseguran en dicho comunicado que “el teniente coronel que dio parte disciplinario contra este vocal, por el que sólo se busca la sanción ejemplificadora de un miembro del Consejo, ha afirmado que lo que se hace en este órgano de participación de los guardias civiles es “mierda”, además de otras muestras de desprecio que han sido puestas en conocimiento de la autoridad judicial”. Explicando que “la norma en la que se basa este mando, el Jefe de la Comandancia de Huesca, para intentar imponer su sanción data de 1962”, por lo que es una norma de la etapa franquista, es decir, preconstitucional.

Reconocen, que antes de esto hechos ya existía un clima de crispación previo “por la retirada de los seis días deducibles por el uso de vacaciones en fin de semana, por la jornada de trabajo y por el cómputo de la disponibilidad que la Dirección General ha modificado unilateralmente, quebrando la confianza en este órgano, pues las asociaciones profesionales dieron su beneplácito a la norma sobre jornada en unas condiciones determinadas que luego han sido modificadas”. Y añaden que “demás, se pretendía aprobar el Reglamento de Destinos con la oposición del 90% del total de las asociaciones”.

Por todo ello, las asociaciones profesionales representativas en el Consejo de la Guardia Civil entienden que “el derecho de asociación profesional no está plenamente garantizado y denuncian que existe persecución hacia los representantes asociativos, mientras la Dirección General permanece impasible.

Además, recriminan que, por segunda vez consecutiva, el director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, no acudiera a presidir el Consejo, quejándose de que “mientras que el Consejo de la Policía es presidido por el mismo ministro del Interior, al de la Guardia Civil no asiste ni su director, que prefiere acudir a un acto protocolario antes que sentarse con los representantes de los guardias civiles.

Concluyendo su comunicado con una advertencia: “Los representantes asociativos no somos títeres para el manejo de los que creen que la guardia civil no debe avanzar más, somos representantes elegidos democráticamente y no como otros, elegidos según afinidad política, y por supuesto nos debemos a los guardias civiles que en el siglo XXI aún no tienen garantizada su libertad laboral y asociativa”.

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