Una juez impone una multa de 100 euros al músico catalán por por un delito de amenazas. La titular del juzgado de instrucción número 4 de Valencia ha impuesto una multa de 100 euros al músico catalán Albert Pla por haber asegurado, en una entrevista en un medio de comunicación, que «mataría a los de Podemos y plataformas ciudadanas» y haber añadido: «ahora todavía no llevan guardaespaldas, es mejor acabar ahora».
Para la magistrada, Pla es autor de una falta de amenazas por la que le impone una multa de diez días con una cuota diaria de 10 euros. La denuncia la interpuso en su día el abogado Ricardo Cano, que es miembro y colaborador de diversas plataformas sociales en Valencia, como afectados por la hipoteca, y de la asociación en defensa de las libertades y derechos sociales y civiles y colaborador de otras plataformas, informa Europa Pres.
El músico había alegado excepción de incompetencia territorial –pedía la jurisdicción de Cataluña– y había reclamado la absolución al entender que no existía prueba de cargo que sustentara una sentencia condenatoria y alegar la existencia de versiones contradictorias
En este caso, la magistrada ha considerado probado que Albert Pla realizó unas declaraciones a un medio de comunicación, en una entrevista publicada el 28 de septiembre de 2014, en las que manifestó que «mataría a los de Podemos y plataformas ciudadanas» y «ahora todavía no llevan guardaespaldas, es mejor acabar ahora». Estas declaraciones tuvieron «repercusión» en otros medios de comunicación.
La jueza rechaza en primera lugar la excepción de falta de competencia territorial ya que, conforme el artículo 14 de la Lecrim, al haberse presentado la denuncia en Valencia y siendo los hechos difundidos a través de los medios de comunicación estatal, «se estima que la competencia asumida es la correcta».
Asimismo, sostiene que en los hechos concurren «todos y cada uno de los requisitos legal y jurisprudencialmente exigidos para poder apreciar la existencia de amenazas» constitutivas de falta. En este caso, aunque Pla negó haber proferido las amenazas imputadas, reconoce que realizó la entrevista y no existe que haya ejercido el derecho de rectificación pese a la difusión de la noticia y de que las expresiones vertidas fueron difundidas por distintos medios de ámbito nacional.
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