CCOO denuncia la implantación “sorpresiva e ilegal” de las nuevas reválidas en Educación

El sindicato ha declarado que la aplicación de estas pruebas es ilegal, “por ser nulas de pleno derecho”. CCOO ha denunciado esta mañana la orden que ha dado la Consejería de Educación para que los niños de 3º y 6º de Primaria y 3º de la ESO hiciesen las reválidas en los centros educativos. Estas pruebas han sido controladas por inspectores en aquellos centros en los que en anteriores ediciones hubo menos niños, debido a que sus padres se los llevaron como protesta ante la conocida como Ley Wert.

Esta medida se ha tomado de manera “sorpresiva”, según el sindicato de trabajadores, ya que lo que la Consejería buscaba era impedirles a las familias que previamente se llevaron a sus hijos de los centros para que no hiciesen dicho examen, que volvieran a hacer lo mismo.

“La indignación, confusión y estupefacción ha sido enorme. Las familias han encontrado invadida su capacidad y libertad de decisión y la organización de los centros, en estos días finales del curso en los que se está evaluando al alumnado, se ha visto alterada sobremanera, precisamente en los centros en los que a más niños se llevaron a casa, lo que puede interpretarse como una medida correctiva”, ha asegurado CCOO.

Esta confusión y protesta ha sido trasladada a los delegados del sindicato. También, la comunidad educativa ha tratado de recabar información en los servicios de inspección para, al menos, que se aclarase lo que estaba sucediendo, pero, al parecer, se han puesto impedimentos a las llamadas entrantes.

El sindicato ha afirmado además que “la aplicación de estas pruebas, además de denotar una actitud absolutamente impositiva y una política basada en los hechos consumados y en la presión y castigo a los centros y a las familias, es ilegal, por ser nulas de pleno derecho, a lo que hay que añadir las responsabilidades que por dicha aplicación extemporánea, secreta y fuera de toda regulación, se pueden derivar”.

Asimismo, todo proceso de evaluación externa debe someterse al principio de publicidad para garantizar los derechos de los evaluados y para que los propios centros puedan prestar la necesaria colaboración, garantizando así sus actividades escolares. Cabe destacar que el alumnado evaluado hoy no ha realizado la prueba en las mismas condiciones que el que lo fue en abril y mayo, ni se trata de la misma prueba.

Por tanto, en palabras de la institución, “asistimos a una acción por parte de la Consejería que ha indignado a la comunidad educativa, que ha sido un claro intento de castigo a las familias que piensan que las pruebas externas son injustas, ineficaces y que sólo sirven para clasificar a los centros y al alumnado, que ha sido la escenificación de una especie de venganza, valiéndose mediante alevosía y ocultación de acciones contrarias a derecho y sabiendas de que lo son”. CCOO emprenderá las acciones que, en defensa de sus derechos, convengan a la comunidad educativa.

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