Un afectado pide que se encarcele a Rato o que se le retire el pasaporte para que no pueda abandonar España sin una autorización del juez. El expresidente de Bankia y exvicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato, ha calificado de “innecesaria e infundada” la petición que ha hecho una acusación particular para que ingrese en prisión, al entender que ocurre un riesgo de fuga y de ocultación de pruebas y de bienes que podría perjudicar la instrucción del proceso, en la que señala que “no va a Suiza por turismo”.
Además, ha criticado las acusaciones de manera “obstinada y obsesiva”, para solicitar que se le impongan medidas cautelares.
En la petición del particular, indica que “no se trata de una cuestión de ejemplaridad, escarmiento, ni del cumplimiento anticipado de una posible pena, sino de que el proceso sea eficaz en aras a evitar una posible fuga o desaparición de bienes. A lo que el juez ha respondido que “no son razones apócrifas”.
La defensa de Rato solicita a la Audiencia Nacional, mediante un escrito, que desestime el recurso de un afectado pidiendo que se encarcele a Rato, o que el Juez Fernando Andreu o la Sala de lo Penal le retiren el pasaporte, para que, así, no pueda abandonar el territorio nacional sin la autorización del juez y previa exposición de motivos del viaje, el destino y el número de días que se va a ausentar.
Los abogados del exvicepresidente económico han declarado que “algunas acusaciones sienten la necesidad de reiterar cíclicamente la solicitud de adopción de medidas cautelares de naturaleza personas frente a Rato”, considerando “improcedente” esta petición, puesto que Andreu ya rechazó ordenar su entrada en prisión.
Rato se encuentra imputado en la Audiencia Nacional en el procedimiento en el que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia por los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida. También se le atribuyen los delitos de administración desleal o apropiación indebida en la pieza separada sobre las tarjetas black opacas al fisco, en la que los ex consejeros de Bankia y Caja Madrid cargaron 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012.
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