El PP rechaza convocar una reunión urgente de la Comisión del Estatuto del Diputado sobre los negocios privados de estos parlamentarios. La Comisión del Estatuto del Diputado no decidirá hasta la última semana de este mes, es decir, después de las elecciones locales y autonómicas del próximo 24 de mayo, si atiende las peticiones cursadas por PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) para que se investigue si los diputados del PP Vicente Martínez Pujalte y Agustín Conde vulneraron el régimen de incompatibilidades de la Cámara con sus negocios privados.
Los socialistas e Izquierda Plural presentaron la semana pasada un escrito en el Registro del Congreso para forzar una reunión urgente del órgano que tiene en sus manos decidir si se inician o no pesquisas y que es el que se encarga de dar permiso a sus señorías para sus actividades extraparlamentarias.
Ese escrito fue calificado sin debate alguno el pasado martes por la Mesa del Congreso, que lo remitió al presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado, el ‘popular’ Aurelio Romero, quien, según ha adelantado él mismo a Europa Press, no tiene intención de reunir a la comisión hasta después de las elecciones.
Romero argumenta que, dado que el Congreso no celebrará la próxima semana sesión plenaria con motivo de la campaña electoral, lo más oportuno es que la comisión ya no se reúna hasta la última semana de mayo.
La última reunión de este órgano tuvo lugar a finales del pasado mes de febrero y si PSOE e Izquierda Plural no hubieran solicitado que se reuniera para discutir sus peticiones, no se convocaría de nuevo hasta mediados de junio, coincidiendo con el final del periodo ordinario de sesiones.
;A raíz de que se conociera que Martínez Pujalte, portavoz económico del PP, prestó hace años asesoramiento a una constructora investigada en Castilla y León en relación con la trama de adjudicación de parques eólicos, primero Izquierda Plural y después el PSOE pidieron abrir una investigación en la Cámara al considerar que su labor de asesor superaba lo permitido por la Cámara y podría ser considerado «tráfico de influencias”.
Días después los socialistas presentaron otro escrito para investigar también al portavoz adjunto del Grupo Popular, el toledano Agustín Conde, argumentando que el hecho de que su bufete asesorase al Banco Santander excede del permiso concedido para compatibilizar el escaño con el ejercicio de la Abogacía.
En medio de la polémica, el pasado 29 de abril, Conde también remitió un escrito a la Comisión del Estatuto del Diputado para actualizar datos de su declaración de bienes y actividades, entre ellos sus acciones en la sociedad mercantil Eco-Witt, de la que ha sido administrador hasta una semana antes.
El Boletín de la Cortes publicó esta semana la actualización relativa a su patrimonio. En concreto, Conde hizo constar su participación del 20% en el capital social de la empresa Eco-Witt S.L, cuyo valor cifra en 600 euros.
Además, el dirigente ‘popular’ ya advirtió de que no está obligado a revelar los clientes de su despacho de abogado, salvo que la Cámara se lo exija a todos los parlamentarios que, como él, tiene autorización para compaginar el escaño con el ejercicio de la Abogacía.
El Pleno del Congreso debatió el pasado martes una moción del PSOE que pretendía restringir al máximo las actividades extraparlamentarias de los diputados, pero tanto el PP como CiU mostraron su disconformidad con ampliar las incompatibilidades.
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