El partido ecologista insiste en que la explotación a cielo abierto no debería reabrirse por ser peligroso para la salud de las personas y el medioambiente. Equo advierte que los graves defectos que se han detectado en la adjudicación de la mina de Aznalcollar (Sevilla), y que han dado lugar a que la Junta de Andalucía paralice el proceso, suponen multiplicar el riesgo de otra catástrofe.
Además, el partido ecologista insiste en el peligro para la salud y medioambiental que supondría reabrir de nuevo la mina. “Esto demuestra que la Junta de Andalucía vuelve a jugar con la salud y el bienestar de la ciudadanía de Aznalcóllar y su entorno concediendo sin rigor alguno la explotación de una mina que nunca debería volverse a trabajar, por su comprobado riesgo” denuncia Carmen Molina, coportavoz de EQUO Andalucía.
Molina recalca, también, que “de confirmarse las acusaciones de prevaricación, cohecho, fraude y tráfico de influencias, la Junta habría mentido al afirmar que se habían tomado todas las precauciones y salvaguardas para evitar una repetición del desastre de 1998. Esto supondría, una vez más, un nuevo caso de clientelismo y corrupción vinculado a un gobierno socialista. Más allá de la adjudicación de la mina, para el partido verde, esto evidencia la necesidad de limpiar la administración andaluza de corrupción, empezando por la dimisión inmediata de la Directora General de Industria, Energía y Minas”.
Para Juantxo López de Uralde, coportavoz del partido a nivel federal “además de las irregularidades en la adjudicación del contrato, el verdadero problema es reabrir una mina a cielo abierto con los riesgos que supone para la salud de las personas y para nuestro entorno” “No tiene ningún sentido que además se adjudique a una empresa que tiene en su curriculum haber causado uno de los desastres ambientales más graves de México y además habar intentado ocultarlo”, aseguró López de Uralde en referencia a la adjudicación de la explotación de Aznalcollar a la Minorbis-Grupo México.
La formación política recuerda que ya ha denunciado en varias ocasiones del riesgo que suponía la reapertura de la mina, cuyo vertido tóxico en 1998 acabó suponiendo un coste aproximado de 240 millones de euros públicos, ya que la empresa responsable dio quiebra y se fue de España.
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