El cantante pudo haber recibido de forma irregular 43.950 euros entre los años 2008 y 2011. La Audiencia Nacional propone juzgar al cantante José Ramón Julio Márquez, conocido como ‘Ramoncín’ y antiguo directivo de la SGAE, junto con el ex director general y consejero de SDAE, José Luis Rodríguez Neri; el ex director general de SDAE, Enrique Loras; así como a Pedro Antonio Hernández, exdirector de los Servicios Jurídicos.
El juez que lleva el caso, José de la Mata, ha propuesto abrir juicio oral por los delitos de falsedad documental, apropiación indebida y/o administración fraudulenta, y ha declarado que Ramoncín “habría estado emitiendo y cargando a SGAE facturas por supuestos servicios realizados para la misma, que en determinados casos no se corresponden con contraprestación alguna o son simuladas, todo ello con la connivencia de José Luis Rodríguez Neri, y, al menos en algunos casos, de Enrique Loras y Pedro Antonio Hernández”.
En los autos, de la Mata determina todas las facturas que el cantante presuntamente cargó a la SGAE 51.000 euros en facturas falsas. Una facturación y sus consiguientes pagos de los que dio consentimiento Rodríguez Neri y con intervención en algún momento de Loras y Hernández.
Dos de las facturas fueron emitidas después de que se realizaran los pagos. Los justificantes de los abonos acreditan que en algunos casos las entidades pagadas excedían de lo que se había pactado al principio entre Ramoncín y la SGAE, y que el pago no estaba recogido en las cláusulas del contrato. En la causa se han intervenido correos electrónicos en los que Ramoncín le declaraba a Neri que lo que aquello haría era una “proposición deshonesta”.
El caso SGAE fue abierto en 2011 por el exjuez Baltasar Garzón a raíz de la operación en la que fueron detenidos, entre otros, Teddy Bautista, presidente del Consejo de Dirección de la SGAE, Loras, la esposa de Neri y Ricardo Azcoaga, director financiero. En noviembre se condenó a dos años y medio de cárcel al exdirector de Relaciones Corporativas de la SGAE, Pedro Farré López, por cargar en su tarjeta corporativa gastos en clubs de alterne que ascendieron a 40.000 euros.
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