PSOE, IU, Ahora Madrid, Ciudadanos y UPyD se comprometen a paralizar y auditar operaciones como la de Mahou-Calderón, Chamartín, Campamento, Bernabéu… La Plataforma No a Este Plan presentará esta tarde el Pacto contra la especulación y por el derecho a la ciudad en Madrid un documento de compromisos para actuar contra la política del pelotazo que, desde hace décadas impera en la capital.
Representantes de las candidaturas del PSOE, de IU, de Ahora Madrid, de Ciudadanos y de UPyD acudirán al acto y suscribirán asumiendo los compromiso que éste incluye, ya sea desde el gobierno municipal o desde la oposición, según informan desde la Federacion Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm).
La plataforma ciudadana denuncia que el “Ayuntamiento de Madrid, ha renunciado a debatir la revisión del Plan General de Ordenación Urbana con la ciudadanía y se ha lanzado a una carrera desenfrenada de modificaciones urbanísticas puntuales dirigidas a promover ‘pelotazos’ especulativos y algunos negocios inmobiliarios en beneficio de nuevos y viejos inversores que quieren consolidar sus posiciones en el tablero especulativo madrileño, cual juego del Monopoly no solo al margen, sino en contra del interés general de los ciudadanos. Y explican que “a fin de revertir esta dinámica perversa, las organizaciones que participan en la Plataforma No a este Plan han elaborado el Pacto contra la especulación y por el derecho a la ciudad en Madrid”.
Moratorias
El principal compromiso que adquieren las candidaturas que suscriben el pacto es el retirar el Avance de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana gobierno del PP”.
Así como el de poner en marcha “un proceso de debate público sobre el modelo de ciudad, en el que se definirán los nuevos conceptos estratégicos para el desarrollo de Madrid y los mecanismos de planeamiento y políticas municipales adecuados para desarrollarlos.”.
Las candidaturas se comprometen a “abandonar el modelo de macroproyectos como Eurovegas, Castellana Norte, infraestructuras olímpicas, etc.”, por considerar que “suponen un excesivo gasto público sin beneficiar el desarrollo de la ciudad”.
Y también a paralizar “la tramitación de convenios urbanísticos y modificaciones de planeamiento, de las operaciones especulativas de crecimiento y las que impliquen pérdidas o modificaciones del patrimonio histórico o ambiental (Mahou-Calderón, Chamartín, Campamento, Plaza de España, Plaza de la Cebada, Bernabéu, etc.), para ajustarlas a los principios que se acuerdan en este Pacto. Y se estipula que “la moratoria de las distintas actuaciones durará en tanto se realizan las auditorías públicas correspondientes de cada una”.
El pacto propone a los candidatos auditar “las cesiones, y las calificaciones para usos privados, de terrenos, edificios e instalaciones de empresas y organismo públicos, priorizando la atención a las necesidades de los barrios y la ciudad”.
Pero también exige que se auditen “los servicios municipales, contemplando la remunicipalización o el ajuste en los términos de la cesión, siempre que ello sea posible, para mejorar las condiciones de los servicios”.
Un capítulo aparte en este documento merece el “derecho a una vivienda adecuada” un derecho que se quiere garantizar adoptando las decisiones oportunas, modificando las normas necesarias y recuperando la inversión pública, en colaboración con todos los agentes implicados.
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