El resto de grupos de la oposición ha argumentado su voto en contra de la tramitación de esta proposición de Ley Orgánica por ser «oportunista» y «electoralista». Los seis diputados de Unió, el diputado de Foro de Asturias y el de UPN han apoyado esta tarde la proposición de ley del PP de reforma de la vigente Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo, que aspira a imponer el consentimiento paterno a las menores de 16 y 17 años que quieran abortar, según han confirmado sus portavoces durante el debate de la admisión a trámite de la iniciativa en la tarde de este martes en el Pleno del Congreso.
En una información recogida por Europa Press se explica que el resto de grupos de la oposición, sin embargo, ha argumentado su voto en contra de la tramitación de esta proposición de Ley Orgánica, que han tachado de «oportunista» y «electoralista» y que, según afirman, resta seguridad jurídica, desprotege a las más vulnerables y es innecesaria porque afecta a una minoría, los casos especialmente graves.
La iniciativa del PP será tomada en consideración por el pleno del Congreso y una vez se vote, lo que ocurrirá previsiblemente pasadas las nueve de la noche, se iniciará el trámite habitual de una ley, con la apertura del plazo de enmiendas, que según ha apuntado el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, se cerrará tras las elecciones, en torno al 27 de mayo.
El PP ha planteado esta reforma vía proposición de ley en el Congreso saltándose así el examen de los órganos consultivos y cosechando además el rechazo de la oposición por no haberla liderado ningún ministro. «El Gobierno ha sido cobarde», ha advertido el diputado del PNV, Joseba Agirretxea. No ha estado presente ningún miembro del Ejecutivo durante el debate.
Se trata de la modificación de la Ley de Autonomía del Paciente para que la interrupción del embarazo vuelva a ser una de las tres excepciones en que las jóvenes de 16 y 17 años requieren del consentimiento paterno para someterse a un tratamiento, junto a las técnicas de reproducción asistida y los ensayos clínicos. En la actualidad, se les exige que informen a al menos uno de los tutores legales, salvo que demuestren «fundadamente» que existe un conflicto grave, como el maltrato.
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