Los colectivos en defensa de la Sanidad Pública reclaman que es la hora de “rectificar y derogar” una de las medidas estrellas de Ana Mato durante su etapa al frente de Sanidad. “Estos anuncios tienen un tinte de demagogia y electoralismo que no son de recibo, se juega con la vida y la salud de personas”. Así ha respondido la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) al anuncio del ministro Alfonso Alonso de que está trabajando por mejorar el acceso de los inmigrantes irregulares a la atención sanitaria. Eso sí, sin recuperar la tarjeta sanitaria que ‘perdieron’ en 2012.
El colectivo en defensa de la Sanidad Pública se “congratula” de que desde el Ministerio de Sanidad “se reconozca lo irracional y lesivo de estas exclusiones”, pero recuerda que “se produce después de 3 muertes y muchos sufrimientos y problemas sanitarios”.
La FADSP afirma a Alonso que “si realmente se quiere cambiar la situación” debe derogar o modificar el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud por el que más de 800.000 personas residentes en España se han quedado excluidas de la cobertura sanitaria. De no ser así, advierten “nos encontraremos en una situación irregular que provocara muchas situaciones irregulares”.
Asimismo, critican que “el acceso a la Atención Primaria sin tarjeta sanitaria supone que no se les podrán realizar pruebas diagnósticas ni prescribir medicamentos con lo que la asistencia sanitaria será más propia del siglo XIX que del XXI”.
Ante todo esto, la FADSP critica el anuncio realizado por el sucesor de Ana Mato a la agencia EFE, que, en su opinión, únicamente se debe a que en menos de dos meses se celebrarán unas elecciones autonómicas y locales.
Para el colectivo “es hora de rectificar y derogar el RDL 16/2012, garantizando el acceso a la atención sanitaria a todas las personas que viven en nuestro país”.
“El derecho sigue sin estar garantizado”
Red Acoge se ha sumado a estas críticas para aclarar que, “si bien inicialmente pudiera parecer un avance sobre la legislación actual que tan solo reconoce el acceso de estas personas en tres supuestos, no es suficiente”.
“La medida se adopta tan sólo como una forma de descongestionar las urgencias y no supondrá que a las más de 800.000 personas a quienes se les retiró la tarjeta sanitaria vayan a recuperarla”, denuncia esta organización de voluntariado que advierte que “el acceso seguirá siendo muy limitado o nulo”.
Según asegura Red Acoge “las personas afectadas continuarán sin la posibilidad de tener asignadas un médico de referencia o ser derivadas a un o una especialista, ni tendrán historial médico. Además, tendrán que seguir haciendo frente al pago del cien por cien de los medicamentos”.
Por otra parte, este grupo de organizaciones manifiesta sus “dudas” sobre “la forma en que se plasmará este cambio legislativo”. “No sabemos si al igual que ocurrió con la exclusión, el Gobierno recurrirá a un nuevo Real Decreto-Ley que impedirá la discusión de la norma en el Parlamento”, señala Inés Díez, responsable del área Jurídica de Red Acoge.
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