El sector se divide entre los que quieren criterios más justos para pagar el coste de las prestaciones y los que rechazan el ‘repago’. Los colectivos de dependientes se dividen frente al copago, la cuantía que debe pagar el beneficiario de las prestaciones de la Ley de Dependencia, y cuyos mínimos y máximos establecen las Comunidades Autónomas.
Mientras que la Plataforma de la Dependencia defiende la erradicación total de cualquier tasa, es decir copago cero, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) está recogiendo firmas para promover una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para establecer unos criterios justos e iguales en todas las regiones y proporcionales a la situación económica de los beneficiados.
Esta división se ha hecho más palpable después de que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, haya firmado en favor de la ILP de Cermi, lo que ha provocado las críticas de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español.
Aseguran desde esta plataforma que el secretario general de los socialistas desconoce el “verdadero fin de la ILP de Cermi que, en su opinión, “no es otro que abrir de par en par la entrada de la empresa privada en la atención a las personas dependientes, dejando sin contenido la responsabilidad del Estado en la atención a este colectivo”.
Por ello, y después de quejarse de que el secretario general del PSOE “no haya consultado con los representantes del colectivo afectado como es nuestra Coordinadora Estatal sobre esta ILP y más después de haber manifestado de forma pública y explícita con argumentos que lo justificaban su rechazo a la misma», piden una reunión urgente a Pedro Sánchez “para tratar todos los asuntos relacionados con la realidad de la situación que viven todas las personas en situación de dependencia”.
No hay copago justo
Además, desde la Plataforma de la Dependencia dejan claro su “absoluto rechazo a dicha ILP por considerar que sería institucionalizar y dar carácter de legalidad a un repago en la prestación de los servicios contemplados en la Ley de Dependencia, y por considerar que no hay repago justo en un servicio tan importante para los dependientes”.
José Luis Gòmez-Ocaña Pèrez, Coordinador Nacional Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español (COES-LAPAD) que le parece “al menos vergonzante, que después de todo el desmantelamiento que se ha producido con dicha Ley sea ahora cuando Cermi, que ha mantenido un silencio cómplice durante toda la legislatura, pretenda utilizar una ‘presunta’ ILP para desviar la atención y lanzar una cortina de humo sobre las situaciones dramáticas que han vivido y siguen viviendo cientos de miles de personas en situación de dependencia en nuestro país”.
Recordando que “si bien es cierto que la aportación económica por parte del usuario en relación a los servicios en dependencia están contemplados en la ley, no es menos cierto que después de todo los hachazos producidos a esa normativa, sin tener en cuenta las terribles consecuencias que han producido, parece, cuanto menos sospechoso, que una organización como Cermi que nunca ha levantado la voz contra todos los hachazos recibido por los dependientes de nuestro país intente institucionalizar una repago por parte de los usuarios a los servicios que por ley les corresponde”.
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