El expresidente de RTVE, que cesó de su cargo en septiembre ha recibido autorización del Gobierno para incorporarse a la empresa Everis. El portal de la transparencia puesto en marcha por el Gobierno el pasado mes de diciembre deja al descubierto nuevos casos del fenómeno conocido como ‘puertas giratorias’, la transición de la actividad pública a la privada, y viceversa. Esta herramienta informática, desarrollada por el Ministerio de la Presidencia, revela que, en lo que va de 2015, se han dado luz verde a cuatro autorizaciones de compatibilidad a altos cargos de la Administración General del Estado (AGE) que cesaron en sus funciones. El año pasado ascendieron a 12.
La última ha sido la del expresidente de la corporación RTVE, Leopoldo González-Echenique, que cesó de su cargo en septiembre y que el pasado viernes recibió la autorización del Ejecutivo para incorporarse a la sociedad Everis S.L.U.
Una semana antes, el Gobierno también permitió que Fernando Aguilar Viyuela, que hasta el pasado 31 de enero fue presidente de Defex -dedicada a fomentar la exportación de armamento y perteneciente a la SEPI- se incorporara a la empresa Club de Técnicas de Producción y su filial World Exhibitions.
Pero el caso más llamativo de este año ha sido el del exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien obtuvo el permiso para ejercer como abogado en enero, cinco meses desde que dejó el ministerio tras ser incapaz de sacar adelante la reforma de la ley del aborto.
La última de las ‘puertas giratorias’ de este año (la primera en el tiempo) ha sido la de Fernando Sacristán Ruano, que en 2011 fue nombrado Jefe del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Cesó el 2 de agosto de 2014, pero el 9 de enero de 2015 el Gobierno le compatibilizó para ostentar cargos en tres empresas concretas, relacionadas de alguna manera con la defensa: Tecnobit, Bess-Beyond Soluciones y Servicios SA y la suya propia Hornet Consulting.
La ley que regula los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado es la 5/2006 de 10 de abril e impide que se dediquen en los siguientes dos años a actividades relacionadas con el puesto político ocupado anteriormente.
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