Recuerda que las relaciones entre Indra y la Agencia Informática y de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid están siendo investigadas dentro de la ‘Operación Púnica’. El Partido Socialista ha salido en tromba a exigir explicaciones tanto a la Comunidad de Madrid como al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el hecho de que el Gobierno autonómico pague primas por medio de una empresa privada, Indra, a jueces, fiscales y secretarios judiciales que participan en un proyecto tecnológico para introducir mejoras informáticas en los juzgados, cobros que han sido reconocidos esta mañana por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira.
El secretario de Política Federal del PSOE, y responsable también del área de Justicia dentro de la Ejecutiva, Antonio Pradas, ha hecho notar que la información resulta, si cabe, más llamativa cuando la empresa que ha dado la orden de los pagos, la Agencia Informática y de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, (ICM) está siendo investigada dentro de la ‘Operación Púnica’ en la Comunidad de Madrid”.
Para el responsable socialista, “sería muy grave que quienes deben juzgar el comportamiento de una administración y de una empresa en un procedimiento judicial relacionado con presuntos delitos de corrupción, puedan estar cobrando sobresueldos de esa administración a través de la intermediación de la empresa investigada”.
Y recuerda que “precisamente para evitar esta barbaridad, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece un régimen tan estricto de incompatibilidades que obliga a pedir conformidad a la hora del desempeño de cualquier actividad remunerada”, por lo que considera “urgente, por tanto, que además de las explicaciones políticas que debe dar el responsable de la Comunidad de Madrid, el Consejo General del Poder Judicial aclare las circunstancias que rodean esta información”.
Atentado contra la separación de poderes
Por su parte, el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, José Manuel Franco Pardo, califica como un “gravísimo atentado” contra la separación de poderes “el hecho de que el Gobierno del PP de Ignacio González pague primas por medio de una empresa privada a jueces, fiscales y secretarios que participan en un proyecto tecnológico para introducir mejoras informáticas en los juzgados”.
Recalcando, igual que ha hecho la dirección federal del PSOE, que se da la circunstancia de que las relaciones entre ICM e Indra investigadas a su vez por el juez de la Audiencia Nacional en el marco de la Operación Púnica.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid anuncia que pedirá tanto la comparecencia del consejero Salvador Victoria, como la del presidente del Consejo de Gobierno, Ignacio González, para que den explicaciones.
“O se nos explica claramente qué es lo que está pasando en esta Comunidad de Madrid, qué es lo que está pasando con este gobierno o tendremos todo el derecho del mundo a decir que estamos ante un gobierno absolutamente corrupto” concluye Pardo.
”Fuera de la ley”
Finalmente, el candidato socialista a la alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona, ha calificado de “auténtico escándalo y despropósito el pago, ordenado por los gobiernos de Aguirre y González, de sobresueldos a 32 juristas por un importe total de más de 200.000 euros, a través de la empresa Indra” y “ha exigido la inmediata puesta en marcha de una investigación para aclarar y depurar responsabilidades ante nuevo escándalo que azota al Partido Popular en Madrid”.
Carmona dice en un comunicado que “hoy lo que los madrileños se preguntan tras conocer esta noticia sobre el pago de sobresueldos ordenados por el PP a los jueces madrileños, incluido al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tiene que ver con cómo tratan al PP los jueces en Madrid”.
Y añade que “hoy, lo que los madrileños se preguntan es si esto tiene que ver con que la señora Aguirre huyera de la policía y saliera impune, cuando cualquier otro ciudadano habría tenido un final muy distinto” ha asegurado Carmona”.
Dice el candidato socialista que “la legislación española recoge que la función de juez es incompatible con ninguna otra retribución salarial, salvo las provenientes de la docencia, la investigación científica y la creación literaria, supuestos que no se ajustan en modo alguno a este caso” por lo que, en opinión del candidato socialista “no sólo estemos ante algo fuera de la ética y la estética, sino que todo indica que estamos ante algo incluso fuera de la ley”.
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