El departamento que dirige Cristóbal Montoro ha dado orden a la Abogacía del Estado para que tome parte en la pieza aparte del ‘caso Bárcenas’ que investiga la supuesta caja B del PP. El Ministerio de Hacienda ha decidido personarse como perjudicado en el caso de la caja B del Partido Popular. La Agencia Tributaria considera que los arquitectos que llevaron a cabo las obras de remodelación de la sede nacional de la formación en la calle Génova de Madrid habrían incurrido hasta en cuatro delitos fiscales.
La acusación es contra los responsables de la sociedad Unifica, cuyos dueños Gonzalo Urquijo y Belén García ya habían sido imputados en la causa que el juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional, investiga por delitos fiscales, falsedad documental y falsedad contable que ha recibido el nombre de ‘caso Bárcenas’. La decisión del equipo que dirige Cristóbal Montoro ha llegado después de que se haya abierto una pieza separada para investigar la supuesta caja B del PP.
Desde el Ministerio ya se han dado instrucciones a la Abogacía del Estado para que intervenga en el procedimiento judicial. Una decisión que se fundamenta en el último informe remitido al respecto por la Agencia Tributaria, que señala que Unifica incurrió en responsabilidad penal al cometer delitos fiscales en las obras del edificio del número 13 de Génova entre los años 2005 y 2011.
El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ya daba pistas este último martes al señalar que los “arquitectos” eran los responsables de las ilegalidades cometidas. Por el momento, la delimitación de los delitos fiscales a los responsables de Unifica, y probablemente al extesorero Luis Bárcenas, imputado junto al exgerente Cristóbal Páez por pagos en negro por 1,7 millones de euros representativos de un 30% del total de los trabajos de reforma, excluye al PP como persona jurídica.
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