Los afectados recurren a la Audiencia Provincial el sobreseimiento de su querella contra los responsables de esta polémica operación de Ana Botella. Los vecinos de Madrid cuyas viviendas han acabado en manos un ‘fondo buitre’ tras la polémica decisión de Ana Botella seguirán plantando batalla en los tribunales.
La asociación de afectados por la venta de la vivienda pública de la EMVS ha recurrido a la Audiencia Provincial de Madrid el sobreseimiento de la querella que presentaron por la venta de 1.860 pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo a un ‘fondo buitre’ que aprobó el Ayuntamiento de Madrid en 2013, según ha informado en rueda de prensa el abogado de dicho colectivo, José Mariano Benitez de Lugo, que ha denunciado que los vecinos se han encontrado con un “muro jurídico”.
La querella sobreseída se presentó en julio del año pasado contra el consejero delegado de la EMVS y contra el representante del fondo Fidere a quienes se acusa de delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación, además del delito contemplado en el artículo 289 del Código Penal que contempla la sustracción de un fin social, en este caso viviendas protegidas, de la utilidad pública que tienen.
El letrado explicó que ha recurrido la decisión del Juzgado de Instrucción número 38 por entender que el juez ha sometido a un “ninguneo inexplicable” a los afectados , quejándose de que les haya ‘tocado’ un magistrado “sin sensibilidad social que margina a las personas afectadas”.
El abogado de la asociación dice que se han cometido “cinco anomalías que no se sostienen en el ámbito jurídico”, por lo que que se han sobreseído las actuaciones sin que haya habido “práctica de diligencias”, motivo por el cual han recurrido directamente a la Audiencia Provincial.
Cita como principal anomalía el hecho de que el juez aceptara la personación de la EMVS para su defensa en el proceso, cuando se han querellado contra una persona, el consejero delegado de dicha empresa municipal, pero también recrimina el abogado de los vecinos que no se les haya dado traslado de los dos informes de la Fiscalía y que no se han tenido en cuenta las alegaciones de los afectados.
Y hace notar que curiosamente, en otro caso prácticamente idéntico en el que el vendedor de viviendas a un fondo buitre es el IVIMA, el juzgado número 48 ha decidido seguir adelante con la instrucción.
Benitez de Lugo explica que la “esencia” de la querella se basa en las actas de los Consejos de Administración de la EMVS en los que se afirmó que siempre se preservaría el “fin social” de las viviendas, y citó el consejo del 12 de marzo de 2013 en el que se aseguraba que había previstas varias líneas de financiación para familias con dificultades para afrontar el pago de los alquileres, incluidas rebajas de las rentas, y se reconocía que las viviendas son un patrimonio de los madrileños, afirmaciones que no impidieron que después estas 1.800 viviendas se vendieran a un fondo buitre.
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