La FADSP asegura que la mayoría de los miembros de la comisión tienen relación con Gilead Sciences, la farmacéutica que posee la patente del Sovaldi. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha culpado al ministro de Sanidad, Alfono Alonso, de haber incluido en la comisión encargada de elaborar el plan estratégico para la Hepatitis C a expertos relacionados con Gilead Sciences, la empresa que tiene la patente del medicamento para curar la enfermedad, y con otras farmacéuticas influyentes en la industria, por lo que aseguran que el comité tiene “conflictos de intereses”.
Y es que, Javier Crespo, miembro del comité para la enfermedad y médico, es vicepresidente de la Asociación Española para el estudio del Hígado (AEEH), financiada por la industria farmacéutica, especialmente por Gilead. Además, participa en varios ensayos clínicos financiados por esta compañía y otras empresas del sector, según han explicado en un comunicado el movimiento para la defensa de la Sanidad pública.
Del mismo modo, los profesionales de la medicina e integrantes de la comisión, Agustín Albillos y María Buti, entre otros, también tienen intereses en la farmacéutica dueña de la patente. El primero dirige el máster de hepatología de la Universidad de Alcalá en colaboración con Roche, empresa que participa en cursos financiados por Gilead, y la segunda realiza investigaciones financiadas por esta empresa.
Asimismo, los integrantes internacionales de este grupo son: el presidente del comité científico de la farmacéutica, Michael Manns, un miembro del mismo comité, Massimo Colombo, y un asesor de Gilead, Jean Michel Pawslotsky.
“Una vez más esta claro que se priorizan los intereses económicos de la industria farmacéutica por delante del derecho a la salud de la ciudadanía”, ha asegurado la organización.
Peticiones de la Marea Blanca
El movimiento para la Defensa de la Sanidad Pública ha exigido “la revocación de un comité plagado de conflictos de intereses, que chocan frontalmente contra la responsabilidad que supone la elaboración de un plan estratégico para la hepatitis C”, y su sustitución por los “profesionales más prestigiosos de los servicios públicos de salud”.
Paralelamente, la marea ha pedido que los organismos públicos de evaluación de tecnologías sean los que emitan un informe sobre la enfermedad, la publicación de los datos sobre los pacientes a los que se ha administrado el tratamiento con ‘sofosbuvir’ y la investigación de todas las vías posibles que lleven al abaratamiento de los antivirales.
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