Distintos colectivos judiciales se manifiestan para recordar al sucesor de Gallardón que las “tasas no se modulan, se derogan”. Hoy se cumple el segundo aniversario de la aprobación de la Ley de Tasas Judiciales y la abogacía española ha convocado movilizaciones para recordar al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que “las tasas judiciales no se modulan, se derogan”.
Desde el Consejo General de la Abogacía Española se recuerda que los distintos colectivos judiciales llevan dos años expresando su rechazo frontal a las tasas y se denuncia que los cambios que ha anunciado el ministro Catalá a la ley que aprobó Alberto Ruiz-Gallardón “no son suficientes”, por lo que se ha organizado toda una jornada de protestas.
Por ejemplo, la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ) ha convocado una concentración ante las puertas del Ministerio de Justicia a las 13.00 horas donde se procederá a la lectura del manifiesto que se ha redactado y en el que se solicita la inmediata derogación de la Ley y, de forma subsidiaria, una reforma consensuada con todos los operadores jurídicos, y de la que se excluyan a personas físicas y pymes, a fin de evitar que se sigan vulnerando los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El objetivo de la protestas es simple, según aclara la Asociación Libre de Abogados (ALA): “decirle al nuevo ministro que las tasas no se modulan, se derogan”.
Mientras que por la noche se celebrará la denominado “Noche anti tasas” con la lectura de un manifiesto en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
Rechazo social
El Consejo General de la Abogacía Española recuerda que “la Ley de Tasas Judiciales ha tenido un claro rechazo por la sociedad debido a su clara y evidente inconstitucionalidad, produciendo la violación del derecho de los ciudadanos al acceso a la Justicia y a obtener la tutela judicial efectiva consagrada por la Constitución Española”.
Hacen notar los abogados que “transcurrido dos años desde la publicación en el BOE de la Ley de Tasas se han confirmado los peores augurios sobre su aplicación” ya que “la Ley ha materializado una injusta barrera para el acceso a la Justicia y una considerable brecha en el Estado de Derecho”.
Y añaden que “además, se ha privado a nuestros jueces y magistrados del conocimiento de miles de injusticias y quejas del conjunto de los ciudadanos” con lo que “el conocimiento de la realidad social ha sido hurtado a juzgados y tribunales.
Desde el Consejo General de la Abogacía Española se subraya que “el efecto disuasorio para los ciudadanos ha sido reconocido por magistrados, fiscales, abogados, secretarios judiciales, personal al servicio de la Administración de Justicia”, pero, “sin embargo, no se ha recaudado lo previsto por las tasas”.
Alertan de que aún “se desconoce el destino de lo recaudado en un año y medio (512 millones de euros hasta julio de 2014), que no se ha destinado, como prometió el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a mejorar la asistencia jurídica gratuita, como han denunciado comunidades autónomas con competencias en Justicia.
Con lo que se pone en evidencia que “el objetivo de la Ley de Tasas es puramente recaudatorio y disuasorio para el acceso a la Justicia por los ciudadanos”.
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