La Generalitat recurrirá al Constitucional y también ha denunciado los hechos ante la Comisión Europea. El Círculo de Economía, el principal foro de opinión de los empresarios catalanes, se ha unido a los colectivos indignados por el hecho de que finalmente sean los ciudadanos los que tengan que hacer frente al pago de la indemnización del Castor que ha recibido las empresas impulsoras del proyecto lideradas por ACS, el grupo que preside Florentino Pérez.
Y es que el presidente del Círculo de Economía, Antón Costas, considera que el pago de la indemnización a las empresas promotoras del proyecto Castor, agrupadas en la sociedad Escal UGS, se ha hecho “con nocturnidad y alevosía”.
En una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, Costas ha afirmado que en los contratos donde intervenga el sector público con algún tipo de aval deberían incluirse los riesgos contingentes, es decir, posibles riesgos futuros, lo que ya se aplica en algunos países.
“Aquel responsable público que haya firmado un contrato donde haya este tipo de aval y no haya sido hecho público tendría que tener algún tipo de responsabilidad, esto es el buen capitalismo», ha argumentado.
La Generalitat recurrirá al TC
La queja de los empresarios catalanes se produce el mismo día en el que la Generalitat anuncia que va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la indemnización de 1.350 millones que se ha pagado por proyecto Castor.
Lo ha anunciado el conseller de Empresa y Empleo de la Generalitat, Felip Puig, quien adelantó que el Govern está ultimando un recurso al Tribunal Constitucional (TC) para que dictamine si ha sido constitucional la actuación del Gobierno central en relación a la indemnización a las empresas impulsoras del proyecto Castor, lideradas por ACS.
En declaraciones a los medios, recogidas por Europa Prees, Puig ha explicado que el Govern también ha puesto este caso en conocimiento de la Comisión Europea para que haga su valoración.
El conseller ha reprochado al Gobierno central que se haya dado tanta prisa en indemnizar a los promotores del almacén de gas “al mismo tiempo que impide que Catalunya atienda las necesidades energéticas de sus ciudadanos más vulnerables”.
Ha asegurado que la Generalitat seguirá trabajando para impedir que la paralización del almacén se traduzca en un incremento del recibo del gas para las familias y las empresas.
La decisión se produce después de que ayer, el Parlament aprobara con los votos de todos los partidos menos el PP una moción de ICV-EUiA que instaba al Govern a presentar un recurso ante el TC contra el Real Decreto 13/2014 de indemnización.
Este real decreto repercute en la tarifa del gas de los ciudadanos durante los próximos 30 años los 1.350 millones de indemnización a las empresas impulsoras del proyecto, que fue suspendido tras detectarse que la plataforma de almacenamiento gasista fue la responsable de varios terremotos en la costa de Tarragona y Castellón.
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