Las protestas estudiantiles y la insumisión autonómica dan la bienvenida a la ‘ley Wert’

La LOMCE ha entrado este curso en vigor en medio de las quejas de la comunidad educativa por su “precipitada” llegada a las aulas. La Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) ha entrado en vigor este curso, aunque con mucho más retraso de lo que le hubiese gustado a José Ignacio Wert y en medio de la polémica. Su llegada a las aulas no ha sido un camino de rosas, y con seguridad seguirá sin serlo en los próximos meses, ya que con el inicio del curso han vuelto las protestas estudiantiles contra la norma y además muchas comunidades se han negado a aplicarla escudándose en la crisis.

La ‘ley Wert’, como se la conoce en la calle, es la séptima ley educativa de la democracia y en septiembre entró en vigor en los cursos impares de Primaria (1º, 3º y 5º). Este no era el plan inicial del ministro, que pretendía desarrollar el nuevo currículo también en Secundaria y Bachillerato, aunque finalmente cedió a las presiones de las comunidades autónomas y aplazó el calendario de implantación en estos niveles educativos para el próximo año.

Pese a ello, las críticas no dejaron de ‘lloverle’ a Wert por la LOMCE, e incluso con la inminente llegada de la norma a las aulas, se multiplicaron. En este sentido, cabe recordar el pacto al que llegaron varios partidos de la oposición (ERC, IU, PSOE, PNV y CiU), que se comprometieron a derogar la ley en cuanto la mayoría parlamentaria se lo permitiese, insistiendo en que es una norma con “fecha de caducidad”.

A ello hay que sumar la ‘ofensiva’ en los tribunales que emprendieron contra la ley diversas comunidades autónomas y partidos. Concretamente, fueron seis los recursos que se presentaron ante el Constitucional, y que éste admitió a trámite, contra la LOMCE: uno del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y el resto presentados por las cinco comunidades autónomas que no están gobernadas por el PP (Cataluña, País Vasco, Andalucía, Asturias y Canarias).

Y la Confederación Estatal de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) también llevó la ‘ley Wert’ a este tribunal. El colectivo presentó un informe sobre la “dudosa” constitucionalidad de la norma ante la imposibilidad de interponer un recurso -esta medida sólo está reservada para el Defensor del Pueblo, 50 diputados o senadores, y a las Asambleas regionales y sus órganos colegiados ejecutivos-, en el que desgranaba hasta 27 preceptos constitucionales que, a su juicio, vulneraba la LOMCE.

Con este complicado panorama, el Ministerio de Educación siguió trabajando para la puesta en marcha de la reforma, aunque no contaba con la insumisión de hasta doce comunidades autónomas, siete de ellas gobernadas por el PP, a la hora de aplicarla. Algunas de estas regiones (Castilla y León, Murcia, Cantabria, Valencia, Madrid, La Rioja y Aragón, del PP; Andalucía y Asturias, del PSOE; Cataluña de CiU; País Vasco, del PNV; y Canarias, de CC) llegaron a oponerse directamente a cambiar los libros de texto, aunque otras adoptaron una postura menos radical y recomendaron a los docentes seguir con los mismos manuales porque el fondo de la materia era el mismo.

En medio de esta nueva polémica se supo que la implantación de la LOMCE costaría 2.164 millones de euros hasta 2020, 800 más que la cifra prevista por el departamento de Wert antes de la tramitación parlamentaria de la ley, lo que generó nuevas críticas y dio un nuevo impulso a las protestas de la comunidad educativa.

Sobre todo por parte de los estudiantes, que realizaron a finales de octubre la primera huelga del curso contra la ‘ley Wert’. No obstante, estos paros de tres días convocados por el Sindicato de Estudiantes pueden no ser los únicos, ya que la organización ha avisado de que seguirá llamando a la huelga cuantas veces sea necesario hasta que el Ministerio haga caso a sus reivindicaciones: piden revertir los recortes acometidos en la enseñanza pública desde la llegada del PP al Gobierno, la retirada de la LOMCE y la dimisión de Wert.

Unas protestas que podrían no tardar en llegar, ya que su intención es convocar otra huelga, esta vez de toda la comunidad educativa, antes de que acabe el año. Barajan hacerla a finales de noviembre, aunque todavía no hay nada cerrado.

Sea como sea, lo cierto es que el descontento con la LOMCE y con la gestión del ministro sigue siendo muy grande, y podría volver a quedar de manifiesto con nuevas movilizaciones en las calles. Sobre todo tras conocerse los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que ha preparado el Gobierno para 2015, que en materia de Educación suponen la congelación de la partida de becas y del programa Erasmus tras los ‘tijeretazos’ de los últimos años y pese al incremento del 4,5% del presupuesto educativo hasta los 2.273 millones de euros. El principal problema es que el grueso del presupuesto se destinará a financiar la implantación de la ‘ley Wert’.

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