La inmolación de Gallardón

El anteproyecto del aborto tumbó finalmente a un ministro cuestionado por todos los estamentos judiciales a causa sus unilaterales reformas. Alberto Ruiz-Gallardón sucumbió victima de la polémica reforma de la ley del aborto que había impulsado desde el Ministerio de Justicia y presentó su dimisión en septiembre, la primera de un ministro en cinco años.

El titular de Justicia anunciaba su dimisión el 23 de septiembre en una rueda de prensa convocada de urgencia horas después de que Mariano Rajoy confirmara la retirada del anteproyecto de la ley del aborto por falta de consenso, y junto a su cartera además abandonó la política, después de 30 años, renunciado también a su escaño en el Congreso y a su puesto en el comité ejecutivo del PP.

Pero el hecho de que Gallardón abandonara sus cargos no le dejó sin trabajo. Rápidamente, apenas 48 horas después de dimitir, se recolocó en el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, un organismo de carácter informativo en el que ganará 8.500 euros al mes, un hecho que provocó un fuerte rechazo.

Y si Gallardón se dio prisa en recolocarse, más se la dio el presidente Rajoy en sustituirle, y en resolver su crisis de Gobierno más grave, ya que apenas tres horas después de que Alberto Ruiz Gallardón hiciera pública su dimisión, designó a Rafael Catalá como nuevo titular de Justicia.

Reacciones

Los grupos de izquierdas y los colectivos feministas reaccionaron con júbilo a la retirada de la reforma del aborto y a la marcha de Gallardón, ya que se habían movilizado intensamente contra el anteproyecto que era considerado el más restrictivo de nuestro entorno y suponía un retroceso en el avance de los derechos y de la igualdad de la mujer, por lo que generó una importante contestación social y también desencuentros dentro del PP.

La reacción de la Iglesia, los colectivos ultracatólicos y los denominados grupos provida también fue rápida y contundente, pero a la inversa, ya que se movilizaron y aún lo siguen haciendo contra lo que consideran una ‘traición’ de Rajoy a sus votantes, por lo que desde ese día llevan a cabo una campaña de castigo electoral para intentar que Rajoy ‘pague’ en las urnas el incumplimiento de su programa.

Finalmente, los operadores judiciales respiraron aliviados con la dimisión del ministro, cuyas reformas realizó siempre de forma unilateral.

Y es que con su marcha, Gallardón ponía fin a una más que cuestionada gestión en la cartera de Justicia, rechazada por todos los colectivos el mundo judicial: jueces, fiscales, abogados, notarios, registradores y funcionarios que se movilizaron, incluso con huelgas, en contra de unas reformas judiciales (Ley de Tasas, reforma del CGPJ, justicia gratuita, privatización de los registros civiles…) que su sucesor se ha comprometido a rectificar.

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