El Gobierno de Extremadura aboga “limpiar” entre todos España “de la corrupción desde la raíz, caiga quien caiga”. El Gobierno extremeño de José Antonio Monago ha propuesto al Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobar la primera Ley antisoborno de España para “limpiar” de corrupción el país, “caiga quien caiga”. Entre las medidas defendidas por el PP de esta comunidad se encuentra la expulsión “inmediata” a los acusados de soborno como “obligatoria” en partidos políticos, patronal y sindicatos.
Asimismo, según recoge Europa Press, el partido de Monago pide que en esta ley estatal se fije que los condenados por corrupción deban responder patrimonialmente con “todos” sus bienes personales hasta devolver el dinero. También se propone penas de hasta 10 años de cárcel y que el plazo de la prescripción del soborno se amplíe de los cinco años actuales a 10 años, según ha explicado la vicepresidenta extremeña, Cristina Teniente.
La iniciativa, que se registrará en el Parlamento extremeño en las próximas horas, busca erradicar la corrupción “del conjunto de la sociedad” y, según Teniente, sería “totalmente compatible” con la Ley de Transparencia actual y con el resto de medidas» que “está preparando” Moncloa al respecto.
“Creemos que hay que dar un paso más, un paso importante, un paso de trascendencia y que esas medidas de regeneración política deben estar en la línea de las normativas más avanzadas y más contundentes contra la corrupción”, ha señalado la vicepresidenta.
“Un paso”, ha continuado Teniente, “más allá del Código Penal que ya tipifica el delito de cohecho”. “Debemos entre todos limpiar a España de la corrupción desde la raíz, caiga quien caiga y debemos dotar para ello de los instrumentos con los que cuentan los países más desarrollados en el mundo para hacerlo”, ha asegurado.
Para la representante del Gobierno de Monago lucha contra la corrupción es “un asunto de estado” y ha reconocido que para llevar a cabo estas propuestas hace falta una “financiación adecuada, de los medios materiales y humanos para dar mayor celeridad a las causas contra la corrupción”.
“Nuestros principales jueces no pueden llevar cinco años para el desarrollo de todo el procedimiento en los casos de corrupción, u ocho años en algunos casos, cuando esto en algunos países de nuestro entorno es inimaginable”, ha dicho Teniente.
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