El exconseller de la Generalitat ha sido imputado por presuntas irregularidades en la permuta de unos terrenos. El exconseller de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat Joaquim Nadal (PSC), imputado por presuntas irregularidades en una operación urbanística en Santa Cristina d’Aro (Girona), ha negado hoy que promoviera la permuta de unos terrenos con el fin de beneficiar a la familia Lara que tenía una finca en la zona y ha defendido que lo hizo “por la movilización ciudadana”.
En declaraciones a la Cadena SER recogidas por Europa Press tras preguntársele si actuó para beneficiar al presidente del Grupo Planeta José Manuel Lara, Nadal ha afirmado que la Generalitat actuó “no por el interés de un solo particular sino por la movilización social” de todos los sectores que querían salvar el valle de Solius, puesto que allí iba a ubicarse un polígono industrial.
Para responder a esta reclamación, ha dicho que intentó “impedir por todos los medios el desarrollo del polígono industrial” en este emplazamiento, de manera que el Govern ofreció un trato al propietario de los terrenos para trasladar el polígono a otra zona, lo que fue aprobado y sigue vigente, aunque no se edificó por la crisis.
Sobre la acusación de que no informó a la promotora de que los nuevos terrenos eran inundables (lo que el fiscal considera un presunto delito de estafa), Nadal se ha escudado con que la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) constató que tenían “algún problema hidráulico” que se podía corregir con obras.
Ha agregado que “todo el mundo” lo conocía, incluido el promotor, puesto que el Plan de Ordenación Urbanística Municipal (Poum) incluía estos terrenos como urbanizables.
Ha dicho que su actuación no tuvo “absolutamente nada que ver” con el hecho de que la familia Lara tuviera una finca en la zona de Molí de Reixach, puesto que ésta se encuentra lejos del polígono y había otros propietarios en medio, y ha negado que Lara le llamara para hablarle del asunto.
En este caso también está imputado el exgerente del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) Emili Mas, y el fiscal considera que “habrían engañado»” a la empresa promotora para que vendiese el 50 por ciento de una finca en la zona de Molí de Reixach, renunciando a sus derechos en esta zona para desarrollar un proyecto industrial en la zona de Bernades, imposible de ejecutar por ser inundable.
Por otra parte, se firmó un convenio entre el Incasòl y el Ayuntamiento por el que el primero se comprometió a abonar por adelantado 1,2 millones al Consistorio correspondiente al 5 por ciento del aprovechamiento urbanístico del futuro sector industrial Moli d’en Reixach-Bernades, cantidad que debía de ser devuelta si en cuatro años no se aprobaba el plan.
A pesar de que el proyecto no se ha llevado a cabo, tanto por su inviabilidad económica como por los informes negativos de la Agencia Catalana del Agua (ACA), “el Ayuntamiento no ha devuelto la cantidad recibida” lo que, según la Fiscalía, puede suponer un irregular manejo de fondos públicos.
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