Las organizaciones promotoras de esta iniciativa advierten al PP que irán “hasta las últimas consecuencias”. Los impulsores de la ’querella Bárcenas han destacado que “la instrucción judicial sobre la supuesta financiación ilegal del Partido Popular continúa avanzando y aumentando el número de imputados”. Entre los últimos, nada menos que Ángel Acebes. Todo esto, según destacan en un comunicado, se ha logrado “gracias a la presión ejercida por las organizaciones que interpusieron la querella”, entre las que se encuentra la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, IU, Justicia y Sociedad y Los Verdes.
Mañana martes declararán en la Audiencia Nacional Ángel Acebes, exsecretario general del PP, Álvaro Lapuerta, ex tesorero del partido, y Álvaro Vilela presidente de la constructora Rubau. A ellos hay que sumar, recuerdan este colectivo, la comparecencia como testigos de Alberto Recarte, expresidente de Libertad Digital, y Alberto Dorrego y Borja García Nieto, accionistas del mencionado medio de comunicación.
“Todos ellos en relación con la aparición de posibles movimientos financieros con dinero de la ‘caja B’ del PP y otras actuaciones de este partido con respecto al diario electrónico Libertad Digital”, afirman estas organizaciones que no se olvidan de la también imputación del exalcalde de Toledo José Manuel Molina por la supuesta adjudicación de determinados contratos a una filial de Sacyr que aparecen en los ‘papeles’ de Bárcenas.
“Ante este cúmulo de datos, evidencias e imputados que no cesa de crecer”, los impulsores de esta querella y las 27.000 personas que la han apoyado “nos mantenemos firmes en la petición de diligencias y en la investigación sobre la supuesta financiación ilegal del Partido Popular a cambio de contrataciones de obras y servicios”.
Para ellos, la importancia de esta instrucción “es sustancial para determinar quiénes son algunos de los auténticos responsables de la crisis, los culpables de una enorme transferencia de dinero público a unos pocos bolsillos, a través de actividades ilícitas”. De ahí que reafirmen “su compromiso de seguir trabajando no solo para el avance de la instrucción y el esclarecimiento de los hechos, sino para que se generen las condiciones de control social que permitan que prácticas así no puedan volver a producirse”.
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