La campaña institucional para la consulta del 9N echa el freno. La Generalitat ha optado por paralizar toda su maquinaria a la espera de la resolución del Constitucional. La Generalitat de Cataluña que preside Artur Mas ha decidido este martes paralizar de forma “cautelar y temporal” la campaña institucional para la consulta soberanista del próximo 9 de noviembre. Una medida de urgencia, se ha explicado desde el Gobierno de la región, para garantizar la “seguridad jurídica” del proceso.
Esta paralización llega después de que en la tarde de ayer lunes el Tribunal Constitucional admitiera los recursos de inconstitucionalidad de la ley catalana de consultas así como del decreto para la votación secesionista. Sin embargo, desde el equipo de Artur Mas se advierte que el proceso continúa y que se presentarán alegaciones a la suspensión, consecuencia automática de esta admisión a trámite.
Ha sido el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, quien ha anunciado el freno a la campaña que se lanzaba este mismo sábado bajo el lema “Tu decideixes” (Tú decides, en español). En este sentido, ha instado al Alto Tribunal a emitir sentencia cuanto antes para poder desarrollar la consulta y ha señalado que las responsabilidades “las debe asumir el Govern” y no los funcionarios a los que se había encomendado esta acción.
Con esta decisión, se paraliza una campaña que incluía anuncios en prensa escrita, radio y televisión y también una página web propia (www.9nconsulta2014.cat) que este martes permanecía operativa. Y es que Homs ha explicado que con el freno forzoso “no se acaba nada” sino que se lanza “una señal de determinación” a seguir adelante con el proceso secesionista. “Algunos pueden tener la tentación de pensar que con lo de ayer ya no habrá consulta, nosotros pensamos justamente al contrario”, ha advertido.
En la providencia dictada el lunes por el Constitucional se preveía dar traslado al Congreso, al Senado y los órganos de gobierno de Cataluña para que se personasen en el proceso y formulasen las alegaciones que considerasen pertinentes. Un proceso rápido iniciado cuando una hora después del mediodía madrileño se registraban los dos recursos del Gobierno a manos de la abogada general del Estado, Marta Silva. Poco después, el presidente del Constitucional convocaba de urgencia a los miembros de su pleno para tomar una decisión al respecto a las 18:30 horas. Apenas 60 minutos después ya era pública la decisión.
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