Los dependientes inician una campaña en Twitter para pedir la dimisión de Cospedal

Crece la indignación tras reclamar la Junta de Castilla-La Mancha una subvención a la familia de un niño fallecido que se usó para su incineración. La Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, con 3.903 miembros, lanzará en las próximas horas en Twitter el hashtag #DimisiónCospedalPorMentir con el que protestan por el hecho de que la Junta de Castilla-La Mancha, que preside María Dolores de Cospedal, reclame a la madre de un niño fallecido que devuelva los 2.736 euros que recibió como ayuda para adquirir una silla moldeable para su hijo.

Este colectivo “considera que la secretaria general del Partido Popular y presidente de Castilla-La Mancha ha culminado “repugnante tropelía” contra Jomian Leonel, niño de 13 años gran dependiente fallecido hace seis meses sin recibir prestación económica, al reclamarle una cantidad que su familia ha utilizado para su incineración.

Y advierte dicha plataforma que sólo si el Ejecutivo castellano-manchego anula inmediatamente su reclamación de esta subvención a la familia del niño fallecido o si María Dolores de Cospedal pone de su bolsillo dicha cantidad en la colecta pública que ha organizado, dejarán de realizar esta denuncia pública a través de las redes sociales.

Hay que recordar que según el responsable de la plataforma, José Luis Gómez-Ocaña, la familia no puede devolver la subvención, ya que la madre de Jomian Leonel utilizó ese dinero para incinerar a su hijo, que, según ha recordado, murió antes de que la Junta de Comunidades reconociera su derecho a prestación económica de acuerdo a la Ley de Dependencia.

Por lo que la Plataforma castellano manchega ha organizado una colecta a través de Internet para recaudar el dinero que el Gobierno de Cospedal exige a la familia.

La Plataforma castellano manchega asegura que Cospedal “no solo está presuntamente vulnerando la legislación vigente en la aplicación de la Ley, recordando que está denunciada por nuestra Plataforma ante la Fiscalía por dos presuntos delitos de prevaricación” sino que también la acusan de “mentir tanto en sede parlamentaria como ante la sociedad en general” , y todo ello después de las innumerables denuncias demostradas con documentación oficial de su propio gobierno en las que se deja en el más absoluto desamparo a este colectivo.

El caso de este niño con un grado de minusvalía del 100%, provocó una gran controversia ya que Mulisa Ramírez, la madre del menor, antes de su fallecimiento el paso mes de marzo, hizo una ronda por los medios de comunicación para denunciar que la Junta de Castilla-La Mancha le había negado la prestación económica y debía pagar por adelantado los cuidados de su hijo.

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