Ana Gomendio declara hoy como imputada por la venta de viviendas de la Comunidad de Madrid a un fondo privado a precios irrisorios. Las familias afectadas por la venta de viviendas públicas de la Comunidad de Madrid a fondos privados han convocado hoy una concentración ante los juzgados de Plaza Castilla para ‘recibir’ a la directora del IVIMA, Ana Gomendio, que esta mañana declara como imputada ante el juez de Instrucción número 48 de Madrid por la comisión de los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por la venta de estos pisos a un fondo privado por un precio irrisorio.
Concretamente, la responsable del IVIMA debe responder de la venta por parte del Gobierno regional, que dirige Ignacio González, de 3.000 viviendas públicas al fondo buitre Goldman Sachs-Azora, pero también deberá hacer frente a la indignación de los vecinos.
El ‘recibimiento público’ a Gomendio ha sido convocado por la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI), la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), y cuenta con el apoyo de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y de numerosos movimientos sociales que luchan contra lo que califican de “desmantelamiento del parque público de vivienda de la Comunidad de Madrid”.
A través de dicho acto de protesta, las familias afectadas quieren la suspensión cautelar de todos los procesos de venta de viviendas del IVIMA y la EMVS a fondos de inversión, la paralización de cualquier desahucio de inquilinos motivado por cuestiones económicas y la prórroga automática de los alquileres de las viviendas públicas de los citados organismos, entre otras cuestiones.
La AVVI, asociación que ha sido constituida recientemente tras personarse como acusación popular en la querella interpuesta por dos diputados regionales del PSOE contra Gomendio, recalca en que “resulta del todo inadmisible que, a través de una oscura operación, la Comunidad de Madrid haya vendido a fondos buitre viviendas públicas sin respetar los derechos de sus inquilinos como adjudicatarios, a los que en ningún momento ha consultado su parecer.
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