La nueva Ley del Sistema Nacional de Protección Civil trae un encargo para los medios de comunicación. Multas de hasta 600.000 euros si no se recogen determinados comunicados oficiales a la hora de informar sobre emergencias como la del Prestige o en alertas como la de los controladores aéreos. No seguir la línea informativa del Gobierno en situaciones de emergencia podría acarrear multas dentro de muy poco tiempo. Es una de las medidas que contempla la nueva Ley del Sistema Nacional de Protección Civil que el viernes dejó entrever el ministro de Interior al término de la reunión del Consejo de Ministros.
Las sanciones por «resistencia, negativa y obstrucción a colaborar con las autoridades competentes en la difusión de órdenes, instrucciones e informaciones en situaciones declaradas de emergencia de interés nacional» pueden ir de los 30.001 euros hasta los 600.000 en el peor de los casos, según ha adelantado El País. En el catálogo de multas que se baraja desde el Ministerio de Interior se recoge como «muy grave» la negativa de la prensa a difundir información oficial cuando se declare «estado de alerta, excepción y sitio» o cuando ocurran «catástrofes que afecten a varias comunidades» autónomas.
El departamento que dirige Jorge Fernández Díaz pone su atención también en situaciones de emergencia que exijan la aportación de recursos supraautonómicos y aquellas que por sus dimensiones efectivas o previsibles «requieran de una dirección de carácter nacional». En cualquiera de los casos, la gestión de la situación corresponderá al gabinete de Interior así como la declaración de emergencia.
Esta nueva norma de Protección Civil busca reemplazar a la actualmente vigente, redactada en el año 1985 y en la que no se incluye nada al respecto de la conducta de los medios de comunicación. En el Artículo cuarto de la ley en curso, siempre según el rotativo de Prisa, recoge que «en situaciones de emergencia los medios de comunicación social vendrán obligados a colaborar con las autoridades competentes respecto a la divulgación de informaciones dirigidas a la población y relacionadas con dichas situaciones».
Aunque en principio el espíritu de la norma parece estar en tener el recurso de sanción para aquellos medios que se nieguen a publicar información de utilidad para la población, se deja la puerta abierta para sancionar también el rechazo a informaciones de otra índole. Tal podría haber sido el caso de la crisis del Prestige en las costas gallegas, un incendio que afecte a más de una comunidad autónoma o situaciones como la de la crisis de los controladores aéreos del año 2010, única vez en la que desde el establecimiento de la democracia se ha decretado estado de alerta.
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