El visto bueno del Tribunal Supremo a la LOMCE no aplaca los ánimos de la presidenta andaluza. Confía en que el Constitucional entre a valorar el fondo de la ley. La presidenta Susana Díaz ha prometido que la conocida como ‘Ley Wert’ apenas se sentirá en las aulas de enseñanza de Andalucía. A pesar del revés judicial que ha sufrido después de que el Tribunal Supremo haya otorgado su aval a la norma educativa, la socialista ha anunciado que hará todo lo posible para “minimizar” sus efectos.
Díaz ha comentado que respeta la decisión del Supremo pero que no puede compartirla. Y es que, la Sección IV de su Sala de lo Contencioso-Administrativo ha optado por desestimar los tres recursos que Andalucía y Cataluña habían interpuesto contra la implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) ya durante el próximo curso escolar, para lo que habían solicitado su suspensión cautelar.
Por si fuera poco, el Alto Tribunal dictamina que son las dos regiones díscolas las que deben asumir las costas de todo el proceso judicial. Algo ante lo cual la presidenta andaluza no se ha apocado, sino más bien todo lo contrario. En declaraciones en el marco de un acto celebrado paralelamente a la Feria de Málaga, la líder de los socialistas andaluces ha criticado que el Supremo “ha valorado las formas, no el fondo” y se ha ratificado en su intención de que sea el Tribunal Constitucional -en el que también se han registrado recursos- el que aborde este asunto.
Entre las medidas que ha adelantado por parte de su Gobierno para hacer que la ‘Ley Wert’ se aplique en una versión ligera está el que “los niños que tengan que acudir a la FP Básica dispongan de la misma oferta que tenían en los PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial), además de con 100 horas adicionales” y mantener la ratio de 20 alumnos por aula además de seguir apostando por la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía.
La Junta de Andalucía había reclamado la paralización del Real Decreto que regula el currículo básico de Educación Primaria, que comienza a implantarse en septiembre en los cursos impares, así como el que se refiere a la Formación Profesional Básica, que sustituye los PCPI. Mientras tanto, Cataluña, sólo había solicitado la suspensión de este segundo decreto.
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