La formación política que lidera Oriol Junqueras rechaza que la nueva ley contemple asistencia jurídica gratuita sin reparar en la capacidad de los afectados. ERC ha abierto un nuevo frente de lucha contra la reforma jurídica del ministro Gallardón. La formación que preside Oriol Junqueras considera “injusto” que todas las víctimas del terrorismo vayan a poder disponer de justicia gratuita sin atender a su capacidad económica. Su propuesta es que los que puedan se paguen su abogado.
La cuestión se plantea en una de las enmiendas que el partido catalán ha presentado contra la propuesta normativa del Ministerio de Justicia. En el articulado de la nueva ley de asistencia jurídica se recoge que no sólo las víctimas del terrorismo gocen de auxilio letrado sin coste y con cargo al erario público. También se beneficiarían de esta exención las víctimas de violencia de género y trata de seres humanos. Algo que a la vista de ERC es insostenible, según la enmienda a la que Europa Press ha tenido acceso.
Desde el grupo nacionalista se defiende que sólo se dé esta condición para aquellas personas que no reúnan la capacidad económica necesaria para costearse ellos mismos sus procesos judiciales. De otra forma, se advierte de que el gasto aumentará “exponencialmente” y habría que otorgar a este menester una nueva partida de dinero público en tiempos de enérgicos recortes.
En el documento presentado por el grupo político catalán, esgrimen que de plantearse así la norma esta sería “contraria” a su mismo espíritu, que según ha defendido el Gobierno es facilitar el acceso a la Justicia de los ciudadanos más desfavorecidos económicamente. Más allá de la incongruencia que perciben, consideran que esta falta de diferenciación sería “discriminatoria”.
Junto a esta reclamación, desde ERC se insta al Ejecutivo a contemplar la asistencia jurídica gratuita también para personas con discapacidad que no alcancen un determinado umbral de ingresos: la quinta parte del indicador público de renta de efectos múltiples. En cualquier caso, defiende que todos los colectivos a los que se refiere la norma reciban atención “inmediata” y de carácter prioritario y más adelante deban acreditar su insuficiencia de recursos o hacer frente a las costas pertinentes.
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