Un juez de la Audiencia Nacional archivó el mes pasado la querella presentada por el sindicato y fijó una fianza de 10.000 euros para personarse y recurrir la decisión. CCOO se suma a la moda de los donativos y pide a los ciudadanos un euro para ejercitar la acción popular en la querella que presentó el sindicato contra varios exdirectivos de Cajastur -ahora integrada en Liberbank– por presuntos delitos fiscales y de apropiación indebida. También contra Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; así como contra Fernando Marti Scharfhaussen, actual presidente de Consejo de Seguridad Nuclear.
El mes pasado, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno rechazó admitir a trámite la querella presentada por CCOO y fijó una fianza de 10.000 euros que tendría que depositar el sindicato para personarse como parte en el procedimiento inadmitido y ejercitar, de este modo, su derecho a recurrir su decisión.
CCOO denunciaba que la empresa de López del Hierro, Hilo de Inversiones SL, percibió del grupo una cantidad de 7.000 euros mensuales durante varios meses del año 2013 “sin que conste que realizara prestación alguna que soportara dichos costes”. No obstante, Moreno consideró que no existen “elementos mínimamente acreditadivos de la realidad de tales afirmaciones”.
Según indicaba el sindicado, la entidad también realizó pagos a la empresa del exsecretario de Estado de Energía y actual presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí. El magistrado indica, en este caso, que la denuncia de CCOO “no se ajusta a la realidad”.
En lo que se refiere a los exdirectivos de Cajastur Felipe Fernández Fernández, María Encarnación Paredes Rodríguez y Jesús María Alcalde Barrio, que fueron incluidos en el ERE de la caja de ahorros, pero pasaron a prestar sus servicios en Liberbank como miembros y del consejo de administración, el sindicato consideraba que podrían haber podido incurrido “en un delito de fraude fiscal al no tributar por las indemnizaciones recibidas”.
Sin embargo, el magistrado siguió el criterio de la Fiscalía, que consideraba que la Audiencia Nacional no es competente para enjuiciar estos hechos. Indicó que “no se ha aportado documentación que avale que las defraudaciones superaran los 120.000 euros” que establece la ley para la comisión de un delito contra la Hacienda Pública.
Además, agregó que la Audiencia Nacional no es competente para enjuiciar los hechos denunciados ya que éstos no implicaron “una defraudación con grave incidencia ni perjuicio para la economía nacional”.
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