El Consejo de Ministros aprobará hoy la controvertida medida que ha impulsado el titular de Interior, Jorge Fernández-Díaz, y que contempla elevadas multas para los manifestantes. Varios activistas de Greenpeace han realizado hoy una acción de protesta en Madrid para mostrar su rechazo a la Ley de Seguridad Ciudadana que va a aprobar el Consejo de Ministros. Cuatro miembros del grupo ecologista han escalado el Faro de Moncloa con un pañuelo alrededor de la boca y han exhibido carteles con el lema ‘No a la Ley Mordaza’, como se ha bautizado a la controvertida norma impulsada por el titular de Interior, Jorge Fernández-Díaz, en las redes sociales.
Tal y como ha informado Greenpeace en una nota, durante el ascenso los activistas han mostrado las mencionadas pancartas para mostrar el descontento de la organización con una ley que, a su juicio, castigará “duramente” la protesta pacífica y la desobediencia civil.
“Hemos elegido el Faro de Moncloa por su situación frente al Palacio de La Moncloa, donde se celebra el Consejo de Ministros. Desde aquí queremos enviar al Gobierno un mensaje claro contra la Ley de Seguridad Ciudadana” ha señalado Sara del Río, portavoz de Greenpeace, tal y como recoge Efe.
Y aunque la organización desconoce los últimos detalles y las modificaciones del nuevo texto -Interior dice haber incluido todas las observaciones esenciales formuladas por la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado, así como varios departamentos ministeriales y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)-, Del Río ha dicho que la “esencia intencionadamente represora” del proyecto no ha desaparecido, pues sigue limitando la capacidad de respuesta ciudadana ante reformas gubernamentales a través de sanciones.
Hay que recordar que uno de los puntos más polémicos de la norma eran, precisamente, las sanciones previstas a los manifestantes en caso de difundir imágenes de los policías o de protestar frente al Congeso sin comunicarlo debidamente a las instituciones correspondientes.
La activista de Greenpeace ha censurado que el Gobierno vaya a aprobar esta ley precisamente en verano, algo que dificulta “el debate, la crítica y la respuesta ciudadana”, mientras que el director de este organismo, Mario Rodríguez, ha denunciado que a pesar de que el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha escuchado sus demandas ha acabado por hacer “caso omiso de ellas”, especialmente en lo referido a sanciones por escalar edificios y protestar en infraestructuras críticas, como centrales nucleares, el tipo de acciones que suele llevar a cabo el colectivo ecologista.
Para Greenpeace, la nueva ley no parte de una demanda social, sino de un “afán de control” de las protestas sociales por parte del Gobierno. Es decir, consideran la norma como “una pieza más de un entramado de reformas legislativas dirigidas a penalizar y poner trabas a la protesta pacífica y la disidencia”, en el que se encuentra también la reforma del Código Penal.
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