El magistrado considera que es competente para investigar estos hechos porque prevalece el Convenio de Ginebra sobre la protección de civiles en tiempos de guerra suscrito por España. El juez Pablo Ruz se ha negado a archivar el caso del ataque de Israel contra la Flotilla de la Libertad de Gaza en 2010 y lo ha remitido al Tribunal Supremo para que diga si las investigaciones iniciadas en Israel o Turquía son efectivas, aunque de no ser así se inclina por llevar el caso a la Corte Penal Internacional (CPI).
En un auto, Ruz sostiene que, a pesar de la limitación de la justicia universal aprobada por el Gobierno, él es competente para investigar estos hechos porque prevalece el Convenio de Ginebra sobre la protección de civiles en tiempos de guerra suscrito por España, que «impone con carácter imperativo» a las partes juzgar en sus tribunales a los sospechosos de crímenes de guerra.
La investigación del juez sobre las autoridades israelíes se refiere a los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, detención ilegal, deportación y tortura por el asalto armado de varios comandos de ese país lanzaron contra una flota de ayuda a Gaza. Los hechos se saldaron y que se saldaron con nueve muertos, todos ellos de nacionalidad turca.
Sin embargo, el juez recuerda que los tribunales españoles solo podrían investigar estos hechos en caso de que los países afectados no lo hagan, y en este caso tanto Turquía -uno de los barcos atacados era turco- como Israel -país de nacionalidad de los querellados- le han asegurado que han abierto investigaciones.
Por ello, el juez ha remitido la información obtenida a través de comisiones rogatorias a esos países al Supremo, cuya sala segunda debe decidir si esas investigaciones son efectivas.
En el caso de que el Supremo no de validez a estas investigaciones, Ruz es partidario de remitir el caso al Gobierno español para que active el procedimiento de denuncia ante la Corte Penal Internacional, «considerando éste el procedimiento más acorde con la tutela judicial efectiva de los derechos de las víctimas», sostiene el juez.
En concreto, Israel ha respondido al juez que han abierto una comisión pública independiente y que las fuerzas de defensa han realizado un informe remitido al panel de expertos militares. También hay un procedimiento en el Trobunal Supremo de Israel y, según las autoridades israelíes, colaboran con el comité de Investigacióin de Naciones unidas.
Mientras, Turquía ha enviado al magistrado la investigación que lleva el juzgado de lo penal número 7 de Estambul, sobre el ataque al buque Mavi Mármara, donde se produjeron los hechos más graves, con la muerte de nueve ciudadanos turcos.
Ahora depende del Tribunal Supremo decidir si esas investigaciones son o no efectivas para que el Gobierno pueda activar el caso ante la Corte Penal Internacional.
El juez Pablo Ruz inició la investigación sobre el ataque de Israel contra la Flotilla de la Libertad de Gaza, que tuvo lugar el 31 de mayo de 2010, a raíz de una querella presentada por dos cooperantes españoles que viajaban en uno de los barcos, el Mavi Mármara. Ambos fueron arrestados por soldados israelíes y deportados a España.
Dicha querella también se dirige contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu; el actual ministro de Defensa, Moshe Ya’alon, los exministros de Asuntos Exteriores e Interior, Ehud Barack, Avignor Lieberman y Eli Yishai, el exministro sin cartera Benny Begin, así como el vicealmirante al mando de la operación, Eliezer Marom.
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