Multa al CEO de Barclays por tratar de averiguar la identidad de un denunciante anónimo

La Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés) y la Autoridad de Regulación Prudencial (PRA, por sus siglas en inglés) han impuesto de forma conjunta una multa al consejero delegado de Barclays Group, James Staley, de 642.430 libras (729.918 euros), correspondiente al 10% de sus ingresos anuales, acusado de no haber actuado con debida «habilidad, cuidado y diligencia» en respuesta a una carta anónima de un denunciante recibida en junio de 2016.

Asimismo, el banco británico estará, a partir de este momento, sujeto a unos requisitos especiales por los que deberá informar anualmente a los reguladores de forma detallada de cómo maneja las denuncias sobre irregularidades, con declaraciones personales por parte de los altos directivos responsables de los sistemas y controles relevantes.

«Staley violó el estándar de atención requerido y esperado de un consejero delegado, corriendo el riesgo de socavar la confianza en los procedimientos de denuncia de Barclays. Los consejeros delegados deben actuar con un alto grado de cuidado y prudencia en todo momento», indicó el director de supervisión de mercado de la FCA, Mark Steward.

En este sentido, Steward explicó que los denunciantes desempeñan un papel «vital» al exponer las malas prácticas y la mala conducta en el sector de los servicios financieros, por lo que es «fundamental» que puedan realizar sus denuncias de forma anónima y sin temor a represalias por plantear sus inquietudes.

De su lado, el director de la PRA, Sam Woods, añadió que la protección de los denunciantes es una parte «esencial» para mantener un sistema financiero «sano y salvo». «El comportamiento de Staley cayó por debajo de los estándares que requerimos, lo que resultó en la censura pública», aseguró Woods.

El máximo directivo de Barclays intentó identificar al autor de una carta anónima recibida en junio de 2016 que decía ser accionista del propio banco. La carta contenía varias alegaciones, algunas de las cuales apuntaban directamente a Staley. Dado el conflicto de intereses, Staley debería haber mantenido las distancias adecuadas y no tomar medidas para identificar al autor, ya que, además, corría el riesgo de no ejercer un juicio imparcial.

Esta medida supone la primera impuesta por estos reguladores británicos a un consejero delegado bajo un nuevo y estricto régimen diseñado para mejorar la rendición de cuentas. Si bien Staley no obtuvo ningún beneficio personal, ambos organismos consideraron su mala conducta lo suficientemente grave como para imponer una multa equivalente al 10% de sus ingresos anuales.

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