Ana Botella, exalcaldesa de Madrid
Los activistas por el derecho a la vivienda comienzan a movilizarse para instar al alcalde José Luis Martínez Almeida y a la Fiscalía General del Estado a que recurran la sentencia que revoca la condena a Ana Botella por la venta de 1.860 viviendas sociales de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a Fidere/Blackstone en el año 2013. Y con ese objetivo, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el movimiento de vivienda de Madrid presentarán este jueves sus escritos tanto en el registro del Ayuntamiento como en la Fiscalía.
“La idea, según explica Alejadra Jacinto, portavoz de la PAH, es presentar instancias individuales, todas las que podamos”, por lo que han convocado una concentración el día 18 de septiembre a las 10 de la mañana en el número 1 calle Montalban, en la que pedirán a los madrileños que firmen dichas instancias, conscientes de que trabajan a ‘contrarreloj’ ya que el plazo para recurrir el fallo del Tribunal de Cuentas acaba a finales de este mes.
Además, Alejandra Jacinto recuerda al regidor que el pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó el pasado 29 de julio por mayoría dos proposiciones que pedían que la EMVS recurriese ante el Tribunal Supremo (TS) la sentencia del Tribunal de Cuentas que revocó la condena anterior, en primera instancia, de la exalcaldesa y siete miembros de su equipo por la venta de pisos sociales a los conocidos como ‘fondos buitre’.
“Nuestra intención es que se agoten todas las vías judiciales para dar un toque de atención a los políticos y que no trascienda el mensaje de que no pasa nada”, explica Jacinto, quien no está de acuerdo para nada en el argumento que ha dado el alcalde de que no recurrirá para no derrochar dinero público en “venganzas estériles”, ya que la PAH no busca venganza sino asunción de responsabilidades.
Y puntualiza que lo que pretenden es que “no salga gratis esa fraudulenta venta ha supuesto un perjuicio tanto económico como patrimonial para toda la ciudadanía y en particular para todas las familias adjudicatarias de dichas viviendas sociales a las que se les ha incrementado la renta de forma desproporcionada o directamente se ha rescindido su contrato y por tanto están en grave riesgo de ser desahuciadas e incluso muchas de ellas, ya lo han sido”.
En este mismo sentido se han pronunciado desde Más Madrid. El concejal José Manuel Calvo, anunció que su partido estudiará acciones judiciales y administrativas “para recuperar el dinero” de la EMVS, recordando que el Tribunal de Cuentas, en su primera sentencia, cuantificó en 25,7 millones de euros el daño patrimonial producido en las arcas públicas por la venta de viviendas sociales a estos fondos sociales.
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