Montoro niega que el cupo vasco sea un privilegio

Se abre la sesión en el Congreso que aprobará la reforma de la ley del concierto económico con Euskadi y que cifrará en 1.300 millones de euros el llamado Cupo vasco. Ante las acusaciones de que el PP favorece a esta comunidad autónoma para lograr el apoyo político del PNV en Madrid, el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, insiste en que el cupo “no es una moneda de cambio ni ningún tipo de privilegio o discriminación».

“Es una singularidad de la España plural”, ha defendido hoy en la Cámara baja, a la vez que se ha comprometido a reformar el sistema de financiación para el resto de regiones al inicio de 2018 para que los efectos se evidencian en los próximos presupuestos.

El concierto económico vasco saldrá adelante con el apoyo de PSOE y Unidos Podemos, que se suman a PP y PNV, y con el voto en contra de Ciudadanos y la coalición valenciana Compromís.

Según declaraciones recogidas por Europa Press, Montoro ha defendido que la Ley del Concierto Económico y la Ley del Cupo vasco se aprobarán en lectura única y sin cambios, al tratarse de leyes pactadas entre el Gobierno y el Ejecutivo vasco que no admiten enmiendas en las Cortes.

El ministro se ha detenido en explicar algunas cifras de cómo se calcula el Cupo tras las críticas que el resultado de aplicar este modelo fiscal empieza a tener tanto en el Congreso como entre expertos en el sistema de financiación autonómica: «Tiene uno que leer y escuchar algunas cosas”, ha llamado la atención de la cámara con ironía.

Ha explicado que el Cupo representa lo que el País Vasco contribuye a las arcas del Estado por las competencias que éste presta en Euskadi y que no están transferidas. Según las leyes que hoy se aprueban, se cifrará en 1.300 millones anuales en el próximo quinquenio, aunque a esta cifra se le aplican diversos descuentos, por lo que las haciendas vascas pagarán será menos. Este ejercicio, unos 945 millones.

El titular de Hacienda ha señalado que esas competencias del Estado ascienden a 185.000 millones, pero el País Vasco paga de esa cantidad el 6,24%, que es lo que se calcula que pesa en la economía nacional. De la cifra resultante (11.000 millones) se restan a su vez los ajustes por ingresos no tributarios, los tributarios no concertados y el déficit público, siempre aplicando ese 6,24%.

“Una vez realizados estos ajustes y compensaciones, se establece el Cupo líquido a pagar, 1.300 millones», ha resumido Montoro. Ha puntualizado que a esa cifra se le restarán ahora los ajustes por las Políticas Activas de Empleo, que sí están transferidas a Euskadi, así como la parte de los 1.400 millones de euros que, según han pactado ambas partes, se calcula que el País Vasco ha pagado al Estado de más en los años que no se ha renovado el cupo.

El Gobierno devolverá a la región esa cantidad también en cinco años.

«Cuando hay lealtad y respeto a la ley, cualquier acuerdo es posible. Este acuerdo va a beneficiar al País Vasco y al interés general de España, por su contenido económico y porque contribuye a la estabilidad del país», ha añadido.

Expertos que sí ven privilegios

Justo ayer el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, pedía en un análisis del Cupo vasco una revisión «en profundidad» de su cálculo, dado que actualmente el importe del mismo es «fruto directo de un pacto político, que después se viste con el ropaje de la Ley del Concierto«, y se ajusta la valoración de las cargas del Estado no asumidas «de la forma que sea necesaria» para llegar a la cantidad final pactada.

Así lo defendía De la Fuente en este análisis publicado por Fedea, coincidiendo con la tramitación en el Congreso de los Diputados, por vía de urgencia y en lectura única, del proyecto de ley del cupo vasco para el quinquenio 2017-2021.

Según el economista especializado en financiación autonómica y local, el diseño del sistema del cupo en sí no es el problema, sino la forma en la que se aplica en la práctica, con resultados «extremadamente ventajosos» para los territorios forales, que disfrutan gracias a ello de niveles de financiación por habitante, ajustados a competencias homogéneas, «muy superiores» a los del resto de las comunidades autónomas.

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