Imagen de la protesta de los taxistas en Madrid Fuente Federación Profesional del Taxi
Los taxistas, convocados por la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), con el apoyo de la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), han comenzado a marchar sobre las 10.30 horas frente a la sede del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, en el número 162 del Paseo de la Castellana, con parada en el Ministerio de Transportes y la Consejería del ramo, en la calle Maudes.
Tres paradas en las que ha hecho entrega de un documento con sus reivindicaciones, entre ellas las de impedir la proliferación de concesiones masivas de licencias para vehículos de transporte con conductor, principalmente a Cabify, y garantizar un equilibrio entre licencias de taxi y VTC, según Europa Press.
Actualmente, en la Comunidad hay 8.873 autorizaciones VTC, frente a las 15.931 de taxi, según las estadísticas del Ministerio de Transportes de mayo. Así, con la concesión de estas 8.500 nuevas licencias a Cabify, las autorizaciones para vehículos de transportes con conductor “casi se duplicarían” hasta superar las licencias de taxis.
En declaraciones a los medios antes de iniciar el recorrido, el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, ha advertido de la “auténtica barbaridad” que supone este número de licencias de VTC para alertar ante lo que él considera que será la “ruina” del sector y el fin del empleo para más de 100.000 familias, además de suponer “el secuestro de la movilidad de los ciudadanos e inseguridad” en una ciudad como Madrid. “Quieren eliminar el servicio público del taxi”, ha denunciado.
Los taxistas han ocupado todos los carriles de la margen derecha del Paseo de la Castellana, marchando lentamente y haciendo sonar sus bocinas, tras una gran pancarta en la que se podría leer ‘Es una invasión, no cabe ni una más’, recoge la citada agencia.
Estas nuevas licencias VTC son un primer paquete de 25.000 autorizaciones que se han peleado en los juzgados desde abril de 2018 y que cuentan con una moratoria de cuatro años para hacer servicios urbanos. El plazo definitivo finaliza el próximo 17 de junio, según apuntan a Europa Press fuentes regionales.
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