El juez confirma el concurso de acreedores de Sniace y sus filiales

Sniace ya está en concurso de acreedores. El juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ha accedido a conceder su amparo a la papelera frente a sus acreedores. Sniace y sus filiales ya están oficialmente en concurso de acreedores. El juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ha accedido este viernes a conceder su amparo frente a acreedores a la papelera. Sin embargo, la declaración de insolvencia se retrotraerá al pasado 6 de septiembre, cuando la cotizada presentó su solicitud.

El concurso de Sniace y sus filiales Viscocel -de fabricación de fibra- y Celltech -de producción de celulosa- ha sido catalogado por el juez como de especial complejidad y trascendencia, si bien se tramitará por el procedimiento ordinario. Queda pendiente, de momento, el nombramiento de un administración concursal que tendrá que supervisar los movimientos futuros del equipo que preside Blas Mezquita que conservará las facultades de administración y disposición de patrimonio.

En nombre de los acreedores, la vigilancia la ejercerá el Banco Sabadell, uno de sus mayores prestamistas, mientras que el administrador concursal debe ser nombrado ahora por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Una práctica ésta que ya se ha producido en otros procedimientos concursales que en los últimos tiempos han sufrido varias compañías cotizadas, implicando a sus resignados accionistas.

Tras la publicación del auto de declaración del concurso en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los acreedores de Sniace tendrán un mes de plazo para notificar a la administración concursal las cantidades adeudadas, tal y como se recoge en el auto del juez madrileño. El Gobierno de Cantabria, que antes de la declaración de insolvencia mantuvo una activa agenda de encuentros con representantes de la compañía, e incluso los propios trabajadores han confirmado su intención de personarse en el proceso judicial. De los segundos, la mayoría de ellos ya está en la calle o pendiente de despido tras la aplicación de un expediente de regulación de empleo por extinción para 515 empleados, la mayoría de su plantilla.

Los futuros administradores concursales contarán, desde su nombramiento y aceptación, un plazo de dos meses para redactar y presentar un informe detallado sobre la situación financiera actual de la compañía. El Gobierno de Ignacio Diego concurrirá al proceso para asegurarse el cobro de deudas de “más de 13 millones de euros” aplazados de pago a lo largo de los últimos años.

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